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Panamá ha sido condenada a cadena perpetua

Los informes de la Auditoría Integral presentados por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) han dejado de ser simples documentos técnicos para convertirse en una sentencia de muerte ambiental de una nación. El diagnóstico es devastador: Panamá no solo enfrenta un desastre ecológico en Donoso, sino una condena financiera de carácter perpetuo que recaerá sobre los hombros de todos los panameños.

El ‘efecto tajo’: una herida que nunca sanará

El hallazgo más alarmante de la segunda y tercera entrega de la auditoría se centra en los pasivos ambientales no cuantificados. El informe revela que el diseño de la mina nunca contempló un plan de cierre real para el tajo (la excavación masiva). Al ser técnicamente imposible de rellenar, este agujero se ha convertido en un sumidero que absorbe el agua de los ríos colindantes, como el Petaquilla y el Botija.

La consecuencia es una hipoteca generacional: el Estado panameño tendrá que tratar el agua ácida de este tajo a perpetuidad. Si se deja de gestionar, el desborde de metales pesados llegaría al Caribe, provocando un ecocidio sin precedentes.

Una factura de 20 millones al mes

Actualmente, mantener la mina en un estado de “cuido y mantenimiento” básico cuesta aproximadamente 20 millones de dólares mensuales. Esta cifra no es para producir riqueza, sino simplemente para evitar que la tina de relaves colapse o que el agua contaminada arrase con la biodiversidad del corredor biológico.

El dilema de la reapertura

Los informes advierten que, si se optara por reabrir la mina bajo el modelo anterior, el problema no se soluciona, sino que se multiplica. El plan original contempla la creación de seis tajos adicionales. Esto significaría siete “heridas” abiertas, drenando el patrimonio hídrico del país y multiplicando los costos de mantenimiento eterno que el Estado tendría que asumir una vez cese la extracción.

Resumen de la tercera entrega: el colapso del sistema hídrico

La tercera entrega de la auditoría, actualizada a inicios de 2026, profundiza en la degradación irreversible:

  • Contaminación de acuíferos: Ya no se trata solo de agua superficial. Los químicos han filtrado al suelo profundo, comprometiendo reservas de agua que tardarían siglos en recuperarse.

  • Inestabilidad química: Los lodos en las tinas de relave presentan una composición química más inestable de lo reportado inicialmente, lo que exige tecnología de punta y recursos constantes para evitar una ruptura catastrófica durante la temporada de huracanes o lluvias extremas.

  • Farsa de la reforestación: Se confirma que la “reforestación” publicitada fue un fracaso técnico. El ecosistema de bosque primario destruido no puede ser reemplazado por monocultivos en otras provincias; el daño a la biodiversidad de Donoso es, en términos prácticos, permanente.

Un país en vulnerabilidad extrema

El informe que servirá de base para la decisión presidencial de junio de 2026 es claro: Panamá está atrapada. El cierre actual no es seguro y el modelo de gestión pasado fue un engaño financiero. El país ha sido condenado a vigilar y pagar por una cicatriz que no cierra, mientras el riesgo de un desastre ambiental mayor pende sobre el Caribe como una espada de Damocles.

La pregunta ya no es cuánto dinero dejó la mina, sino cuántas generaciones de panameños tendrán que pagar para que el desastre no sea total. La mina no dejará dinero: dejará destrucción y un cáncer ambiental en el centro del país.

El autor es magister en educación superior.


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