Desde que me mudé a la capital en 1984, recuerdo que el suministro de agua potable nunca ha sido constante. En aquel entonces, los episodios de baja presión o ausencia total solían generar un disgusto pasajero, pero se resolvían sin mayores traumas.
Hoy, la realidad es otra. El suministro se caracteriza por racionamientos frecuentes, escasez crónica e interrupciones prolongadas que, lamentablemente, se han normalizado y solo pueden catalogarse como síntomas de una crisis nacional.
Tras décadas de administrar el Idaan sin objetivos técnicos claros, se ha abusado del sistema hasta propiciar su colapso. Hoy, las repercusiones sobrepasan el precio que la mayoría de los panameños estamos dispuestos a pagar.
El trinomio del descalabro
Pero el Idaan no es el único invitado a esta mesa de tragedia. La ASEP, como ente regulador, históricamente ha ignorado su responsabilidad legal de monitorear, regular y fiscalizar los servicios de agua potable y alcantarillado. Al permitir que el Idaan sea juez y parte de sus propias decisiones, la ASEP se ha convertido en cómplice al avalar permanentemente un ecosistema de impunidad administrativa.
En esta misma mesa se sienta un tercer invitado de lujo: Conades. Institución adscrita al Ministerio de la Presidencia que gestiona grandes proyectos de agua y saneamiento, en su mayoría no alineados con la capacidad operativa ni financiera del Idaan . El resultado son costosas obras que existen en una “burbuja” y que terminan siendo gestionadas por contratistas, fuera del alcance de una administración integral.
Cifras de una gestión negligente
El diagnóstico es claro: el trinomio ASEP-Idaan-Conades no funciona. Para muestra, un botón: según cifras oficiales, el consumo aproximado per cápita de Panamá es de “507 litros por día”, un 268% por encima del promedio mundial.
Esta cifra es absurdamente elevada. No es que el panameño consuma más agua que la mayoría del mundo, sino que esos 507 litros incluyen un nivel inaceptable de pérdidas producto de negligencia gerencial, incapacidad técnica y desidia administrativa.
Se desperdicia casi el 50% del agua potable; sin embargo, históricamente se ha insistido en ejecutar proyectos multimillonarios para aumentar capacidad, remodelar oficinas, cambiar uniformes, mejorar imagen corporativa y financiar campañas publicitarias, en lugar de priorizar la recuperación de los sistemas existentes de potabilización, conducción, almacenamiento y distribución.
¿En qué mundo tiene sentido pretender llenar un cubo de agua abriendo más la llave y decorando el envase, sin antes reparar las fugas? Spoiler alert: la respuesta no requiere un erudito, solo sentido común.
El agua como prioridad nacional
Panamá logró su independencia y construyó el Canal, en gran medida, gracias a la abundancia de agua. Pero una cosa es tener abundancia en las cuencas y otra muy distinta en el grifo. ¿Cómo llegamos a esta situación? Simple: mediante una gestión deficiente que, a lo largo del tiempo, ha provocado la escasez efectiva del recurso.
Mientras los gobernantes no designen el agua como “prioridad nacional” —por encima de compras “urgentes” y proyectos “taquilleros”— no importa cuántos parches le coloquen, aunque sean de oro, el sistema nunca se recuperará.
Se requiere una reingeniería integral, liderada por un equipo capaz, que identifique objetivamente las prioridades, desarrolle un plan estratégico de intervención con indicadores reales y personal con responsabilidades claras. Solo así se podrá revertir esta preocupante situación de manera contundente, antes de que degenere en un problema social o una crisis sanitaria sin precedentes.
Una lección del pasado
A finales de los años 80 aprendí gestión de agua como ingeniero en la Panama Canal Commission (PCC), institución de transición que precedió a la Autoridad del Canal de Panamá. Durante ese período diseñé e implementé el primer programa de mantenimiento preventivo para el sistema de agua potable del Canal y de las bases militares, tanto en el Atlántico como en el Pacífico.
La PCC, como dependencia del gobierno federal de Estados Unidos, aplicaba normas de la American Water Works Association en su gestión del agua, las mismas que el Idaan afirma aplicar desde hace más de 20 años. La pregunta obligada es: ¿por qué funcionaban en la PCC y no en el resto del país?
La respuesta, me temo, no está en los manuales técnicos, las auditorías de renombrados expertos ni las consultorías internacionales, sino en la voluntad de quienes dirigen el Estado.
El autor es ingeniero industrial y en sistemas, con MBA en Mercadotecnia.
