La muerte de Hugo Chávez Frías en marzo de 2013 no fue solo el final de un liderazgo carismático. Fue el comienzo de una mutación. Mientras el país arrastraba una crisis económica en expansión, su sucesor, la llamada “mentira fresca” de Nicolás Maduro, carecía del carisma electoral que había mantenido cohesionada a la coalición chavista durante década y media. Era percibido como más radical, producto de su formación en la escuela de cuadros del Partido Comunista de Cuba, Julián Antonio Mella, en La Habana.
Maduro provenía del sindicalismo y no del mundo castrense. Entre los conductores de Metrobús de Caracas tenía fama de “reposero” y, tras la desaparición de Chávez, comprendió que la supervivencia del régimen pasaba por atar su destino al de los cuarteles. Si el gobierno caía, también debían caer los privilegios de quienes vestían uniforme. Así comenzó la construcción de un empresariado militar tutelado, con asesoría de seguridad importada desde Cuba.
El 12 de julio de 2016, Maduro lanzó la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro. El objetivo de la iniciativa, anunciada con la pompa correspondiente en el Palacio de Miraflores, era garantizar el acceso a alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza a precios justos y de manera permanente. Fue designado al frente de esa tarea el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, quien nombró, con impecable lógica marcial, a un militar de alto rango en cada rubro.
Así, el general de brigada Manuel Vera Boada, comandante de la Fuerza Aérea, quedó a cargo del papel higiénico, los pañales y las toallas higiénicas; el contraalmirante Juan Jiménez Peña, del café; el contraalmirante Adolfo Contreras Soto, de la margarina; el general Javier Antonio Rosales Duque, de la distribución de maíz, en un posible conflicto de intereses con el vicealmirante Freddy Lozada Peraza, encargado de garantizar la provisión de harina de maíz. El responsable de la higiene personal de los venezolanos sería el general de brigada Fernando Prieto Ventura, con competencias sobre jabón, champú, pasta de dientes y desodorante. Probablemente por pertenecer a la Marina, la vicealmirante Luisa María Lozada Fergusson fue designada para el pescado. Circulaba la versión de que el gobierno no había nombrado a nadie al frente de la producción avícola porque en Venezuela no había militares “con huevos”.
La expansión no se detuvo ahí. Energía, metro, minería, aluminio, acero, hierro, puertos, aduanas y transporte aéreo quedaron bajo control de empresas vinculadas al Ministerio de Defensa. Siglas interminables, como en alemán, corporaciones mixtas y servicios autónomos conformaron un archipiélago empresarial con rango y galones. En los niveles bajos, la microgestión también floreció: vacunas en las colas de los programas sociales o coimas para surtir gasolina subsidiada. La cadena de mando se filtró hasta la vida diaria de los chamos.
El momento simbólico llegó en agosto de 2018, durante un desfile por el aniversario de la Guardia Nacional. Las cámaras enfocaban formaciones impecables cuando una explosión interrumpió el discurso presidencial. Los guardaespaldas cubrieron a Maduro y lo sacaron a toda prisa. La transmisión evitó mostrar el pánico, pero un segundo estallido hizo correr a los soldados fieles a la revolución. Los drones cargados de explosivos no solo fallaron en su objetivo. Revelaron algo más inquietante: el respaldo no era automático y, en la hora crítica, la lealtad tenía límites.
Si la Guardia Nacional se desbandó delante del mismísimo presidente apenas escuchó un estallido, ¿cómo reaccionaría ante una invasión estadounidense?
Desde entonces, el régimen dejó de parecerse al chavismo original. Los militares ya no eran solo socios políticos: se habían convertido en columna económica del llamado Cartel de los Soles. El poder cambió de estética y de geografía. La residencia presidencial se trasladó a un complejo dentro de Fuerte Tiuna, y Miraflores adoptó la fisonomía de un búnker, resguardado por asesoría cubana. El socialismo del siglo XXI había encontrado refugio tras muros de concreto y balances empresariales supervisados desde La Habana.
Durante años, la dirigencia chavista agitó el fantasma de una invasión estadounidense. Sin embargo, la experiencia reciente de Washington en Afganistán e Irak demostró los costos de ocupar países complejos durante décadas. La idea de un desembarco masivo en Venezuela parecía más retórica que plan real.
El ex subsecretario adjunto de Defensa para América Latina del gobierno de Barack Obama, Frank Mora, analizó ese escenario en la revista Foreign Affairs. Calculó que una operación terrestre exigiría alrededor de 150,000 soldados, más de cinco veces los desplegados por Estados Unidos en su última invasión a un país latinoamericano, Panamá en 1989. Un costo político y financiero difícil de justificar.
Incluso una victoria militar rápida planteaba dudas. Una fuerza armada sin experiencia bélica convencional y con abundante historial de golpes de Estado, golpeada por la corrupción y la desprofesionalización, difícilmente resistiría un ataque organizado. La escena del desfile interrumpido en 2018 seguía flotando en el aire como una pregunta sin respuesta.
Las opciones menos costosas, como ataques aéreos de precisión desde portaviones o bases aliadas para imponer una zona de exclusión, parecían más plausibles en el papel. Pero la historia venezolana reciente sugiere que la transformación no vino del exterior. Se incubó dentro del propio sistema.
La lógica empresarial de los carteles sudamericanos terminó imponiéndose sobre la épica revolucionaria. Los altos mandos, convertidos en administradores de negocios estratégicos, ajustaron alianzas y rompieron vigilancias cuando dejaron de ser rentables. Las disputas por recursos ilegales, el desgaste de intermediarios cubanos y la falta de confianza en la ejecución de acuerdos políticos secretos previos —atribuidos a negociaciones entre Jorge Rodríguez y Julián González en Bermudas— revelaron un régimen donde la lealtad valía menos que los dólares.
Lo ocurrido no fue una operación quirúrgica ni una épica geopolítica. Fue una transacción. Un reacomodo de intereses en el que cada actor buscó preservar su cuota de poder en el Cartel de los Soles. La retórica militar sirvió para encubrir un proceso más pedestre: una pelea por botines, rutas y privilegios. En ese juego, la democracia quedó fuera de la mesa.
Venezuela terminó atrapada en un híbrido incómodo: un Estado donde los cuarteles manejan supermercados y minas, donde el palacio presidencial se refugia tras alambradas y donde la soberanía se mide en contratos. La revolución que prometía justicia social se transformó en una administración de crisis permanente. No fue un asalto externo lo que selló el destino del país, sino la lenta conversión del poder político en un consorcio bolivariano armado.
Quienes se autodenominaban militares venezolanos terminaron deshaciéndose de los tentáculos de la narcomafia cubana y de la falta de compromiso de un Maduro errático, que bailaba TikTok mientras Estados Unidos asediaba al país, en señal de ruptura con el empresariado militar venezolano. Maduro no habría respetado acuerdos secretos vinculados a las elecciones de 2024 y el chavismo rompió con los castristas cubanos, dejando en el poder a figuras cercanas al círculo íntimo presidencial, con los negocios de la revolución bolivariana en pie. No fue una acción militar quirúrgica: fue una transacción económica propia del bajo mundo.
Quienes llegaron a conocer al comandante Chávez comprendieron, de la peor manera, que quien se autodenominaba “hijo de Chávez” no era como el padre. Y, citando a Trotsky: “toda revolución necesita el látigo de la contrarrevolución”.
Quien rebautiza un tumbe entre mafias como operación militar quirúrgica en Sudamérica deja de ser militar y se convierte en burócrata.
El autor es médico sub especialista.
