A estas alturas, el caso Odebrecht vuelve a probar que la justicia panameña se pierde entre fallos, aplazamientos y tecnicismos. El empresario Aaron “Ronny” Mizrachi Malca ya no tendrá que enfrentar cargos de blanqueo de capitales: el Primer Tribunal Superior anuló su imputación al considerar que la fiscalía no precisó modo, tiempo y lugar de la conducta. Un error procesal, según los magistrados, suficiente para excluir a quien manejó sociedades que recibieron $3.7 millones de la “Caja 2” de Odebrecht.
Pero esta no es la única grieta. El juicio fue reprogramado para noviembre y, como fecha alterna, para enero de 2026. Desde que arrancó la investigación, hace más de una década, los retrasos se acumulan entre recursos, suspensiones y excusas.
La misma “lentitud selectiva” se observa en la Asamblea, donde la Comisión de Gobierno permanece secuestrada por figuras como Luis Eduardo Camacho, al servicio de quienes buscan impunidad. Su actitud bloquea sin costo político reformas anticorrupción, y nadie en la Asamblea puede o quiere frenarlo. Así, la impunidad sigue marcando el paso.
