El 8 de marzo (8M) no nació entre flores ni felicitaciones. Nació entre el humo de las fábricas y el clamor de las calles. Lo que hoy conocemos como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es la herencia de miles de mujeres que, a principios del siglo XX, decidieron que el silencio no era una opción frente a la explotación laboral y a la ausencia de derechos políticos, consolidándose esta fecha como un símbolo de resistencia. En pleno 2026, Panamá se enfrenta a una interrogante amarga: ¿estamos avanzando hacia la equidad o desmantelando lo poco que hemos construido?
La situación de la mujer en Panamá atraviesa una profunda contradicción. Mientras el discurso oficial habla de progreso, las decisiones políticas cuentan otra historia. En octubre de 2025, el Consejo de Gabinete aprobó la eliminación del Ministerio de la Mujer para restituir el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) como una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Esto no es un simple cambio de nombre en un organigrama. Representa un debilitamiento de la jerarquía institucional para gestionar políticas públicas de género. En un país donde la violencia doméstica no da tregua, desarticular la mayor instancia encargada de protegernos es un retroceso alarmante. Las políticas públicas requieren más que voluntad. Necesitan autonomía, personal capacitado, presupuesto y estructura sólida que no quede diluida en carteras ministeriales más amplias.
La violencia de género en Panamá no es una percepción subjetiva. Es una realidad en datos que condiciona la vida de las mujeres y niñas. Según la última encuesta de Ciudadanía y Derechos del El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), existe una brecha de 12 puntos porcentuales en la percepción de seguridad. Mientras el 33.2% de los hombres siente que vive en un país seguro, sólo el 21.3% de las mujeres comparte esa sensación.
Esta inseguridad tiene raíces profundas en la violencia estructural. Ya sea física, psicológica, sexual, vicaria o incluso obstétrica, la violencia contra la mujer es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad. Es cierto que hay un despertar social. El 87.7% de la población reconoce que esta violencia ha existido siempre, pero que ahora se denuncia más. Sin embargo, denunciar no es suficiente si el Estado no garantiza la vida tras la llamada de auxilio y si la violencia no disminuye.
El año 2025 cerró con una cifra dolorosa: 20 femicidios. Lo más alarmante es que muchas de estas víctimas contaban con órdenes de alejamiento contra sus agresores. Este dato es una sentencia contra el sistema. Las medidas de protección actuales son trozos de papel que no salvan vidas. El Estado falla cuando permite que perdamos vidas de esta forma.
A esto se suma la herida abierta de la desprotección infantil. Las recientes denuncias por presuntos abusos sexuales y maltrato en albergues estatales, que afectan a niñas y adolescentes, evidencian que el sistema de cuidados está roto desde su base. Si el Estado no es capaz de proteger a las menores bajo su tutela, ¿qué esperanza hay para el resto de las mujeres en situación de vulnerabilidad?
Este 8 de marzo no es un día para “celebrar”. Es un día para exigir que el derecho a la vida no dependa de la efectividad de un papel o de la voluntad de un presupuesto recortado. La restitución de derechos y el fortalecimiento de las instituciones no pueden esperar. Deben ser atendidos con celeridad e importancia, con planes estructurales a corto, mediano y largo plazo, destinados a estar al servicio de quiénes más lo necesitan.
En Panamá, la lucha de las mujeres sigue siendo por supervivencia. Mientras haya una mujer con miedo y un Estado que retroceda en su protección, el 8M seguirá siendo el recordatorio de una deuda histórica que, al parecer, las autoridades de Panamá aún no tiene intención ni capacidad para resolver.
Es papel de todos y todas involucrarnos para crear un Panamá donde podamos vivir sin miedo y donde ser mujer no nos cueste la vida.
La autora es estudiante de Relaciones Internacionales, investigadora y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
