Describo como negligencia inverosímil: decisiones tan absurdas, tan alejadas de la ley y del sentido común, que son imposibles que sean simples equivocaciones, y cuya única explicación lógica es la corrupción o la intimidación.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el caso de Cobre Panamá en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia fue clara tanto en el 2017 como en el 2023: la concesión minera es inconstitucional. Un fallo final, definitivo y obligatorio (art. 206, numeral 3, Constitución), que no admite reinterpretaciones creativas ni excusas burocráticas. El fallo de 2023 señaló, entre otras cosas:
Ningún aspecto económico está por encima de los derechos inalienables del ser humano: la vida, la salud, y la biodiversidad (calidad de vida).
La minera First Quantum Minerals operó de forma ilícita sin contrato por seis años, entre 2017 y 2023.
Los gobiernos de turno miraron hacia otro lado, esgrimiendo argumentos jurídicos endebles, como:
a) que un fallo no valía porque no estaba publicado en la Gaceta.
b) que el fallo quedó suspendido por una aclaración.
c) que no afecta la actividad minera en sí misma.
Incluso presentaron aclaración de supuestos puntos oscuros, así que tenían pleno conocimiento en 2017 de que ya no tenían contrato válido. El fallo de inconstitucionalidad no admite recurso alguno, solo aclaración, lo cual no afecta el fondo y, por ende, no suspende los efectos del fallo.
Es inconstitucional el contrato en sí mismo, por no cumplir los requisitos constitucionales de acto público y de impacto ambiental. Pero también es inconstitucional por la contaminación de la actividad minera, que causa afectación a la vida, la salud y la biodiversidad.
La infame concesión de Cortizo/Carrizo permitía explotar otros cinco huecos de igual tamaño, unas 13,600 hectáreas, exponenciando la contaminación a niveles críticamente mortales. Sin oro se puede vivir, pero sin agua, no.
La sangre de Philippe Bunau-Varilla corre entre aquellos que nos imponen este tipo de concesión, y con la misma arrogancia de siempre, sin atender las innumerables advertencias públicas. Al menos Bunau-Varilla tenía la excusa de no ser panameño.
Bosques destruidos. Ecosistemas comprometidos. Grave conflicto social. Pérdidas económicas de cientos de millones. Y un país que proyecta al mundo la ausencia de un Estado de derecho. Apenas nos estamos levantando de una recesión que tuvo su origen en las protestas masivas de 2023. Y la prepotencia parece indicar que nos empujará nuevamente a las protestas.
En mis más de 20 años en múltiples cargos públicos, mi experiencia me indica que estos gobiernos, ante la minera First Quantum Minerals, han demostrado negligencia inverosímil; es decir, no puede explicarse de otra forma que no sea vulgar corrupción.
¿En realidad somos tan ingenuos?
¿Realmente puedes creer en una empresa que nos saqueó, que pagó la miseria de regalías del 2% del cobre, que se robó el oro, molibdeno y otros minerales; que operó ilícitamente por seis años; que no se preocupó por subsanar el medio ambiente (16 multas desde 2020); que falseó la contratación directa de empleos; que paga por desinformar y que aún se da el descaro de interponer arbitrajes internacionales en contra de nuestra patria, cuando son ellos los que deberían estar demandados precisamente por incumplimiento, por robo y por contaminación?
¿Qué crees que sería lo lógico deducir de una empresa con tales premisas de comportamiento?
¿Que se haya reservado 2,000 o 3,000 millones para el saneamiento (algo que no sucedió) o que utilizó 200 o 300 millones en lo que conocemos como coima con los gobiernos de turno?
Aquí no solo está en juego la vida, la salud y la biodiversidad. Está en juego algo igual de básico y fundamental: si hay democracia en Panamá, si se respeta o no la Constitución. Cuando el Ejecutivo ignora a la Corte Suprema, el mensaje es claro: las reglas son opcionales. Y cuando las reglas son opcionales, la democracia también lo es. El Estado de derecho, fundamental para la paz social, simplemente desaparece.
El 74% de una encuesta reciente señala que está en contra de esta minería a cielo abierto. Y si el gobierno se atreve a someter este “supuesto proyecto de Estado” a consulta popular, que se abstenga de volver a llamar a los magistrados del Tribunal Electoral para amenazarlos y manipular.
Al final, la pregunta no es qué hará el gobierno. La pregunta es qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Somos o nos convertimos en lo que permitimos que nos hagan. Si nos abusan y no reaccionamos, seremos cómplices culpables de nuestro propio abuso.
Porque cuando el agua se contamina, la salud se destruye y la ley se dobla, no hay regalía que lo compense.
El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
