“Una cosa es hablar del diablo y otra muy distinta tenerlo de frente”. Político, politiquero o estadista, la eterna dicotomía del gobernante en turno cuya elección para la posteridad reposa única y exclusivamente en sus valores éticos y morales. Mientras el primero piensa en las próximas elecciones y el segundo cavila sobre el próximo día; el tercero en actuar de gran prohombre medita el futuro pensando en la próxima generación, aún en la certeza que a sus obras no viva para contarlo y menos disfrutarlo. Desafortunadamente pareciera que la consigna de pensamiento mayoritaria corresponde al primer y segundo elemento de nuestra ecuación, sustentada en el criterio de que en política no hay nada para siempre, que los procesos políticos están enmarcados en la inmediatez, y en donde el servicio dejó de ser una propuesta para convertirse en el que hay “pa’ mí”.
Mucho se ha dicho sobre la aprobación en tercer debate por parte de la Asamblea Nacional de diputados del proyecto de Ley 890 que modifica la norma que descentraliza la administración pública, y su polémico eje que trata sobre las licencias sin sueldo para ejercer en municipios y juntas comunales, y en especial de la cerecita relacionada con los casos en que el salario asignado sea inferior, mediante la cual los susodichos “servidores públicos” podrían optar por el emolumento que tenían como funcionarios de la entidad estatal en la cual están emplanillados. Para que se convierta en ley, el proyecto deberá ser sancionado por el presidente de la República
En pocas palabras, el único con capacidad legal para defender y hacer valer el interés patrio es el dueño del “taburete”. Ni más, ni menos. Ante este escenario, ejercitemos un poco la mente con la interrogante del porqué nuestro chapulín colorado optaría por uno u otro camino.
El artículo constitucional 178 claramente prohíbe la reelección al indicar que “Los funcionarios que hayan sido elegidos Presidente o Vicepresidente no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos períodos presidenciales inmediatamente siguientes”. Por ende hay que descartar el interés personalísimo de mantener directamente el poder político. Punto para el veto.
Las recientes protestas del mes de julio y las consecuentes promesas son el grito desesperado de una ciudadanía que ve con escozor cómo se dilapidan los recursos del Estado, más cuando el sacrificio en periodo de pandemia nunca fue asumido por la clase gobernante, por lo que no habría razón para echarle sal a la herida, recordando que el “invierno panameño” (por aquello de la primavera árabe) se mantiene latente, al acecho y en espera de cualquier desliz que resulte ser pavesa generadora de un incendio que nadie desea. Punto para el veto.
En la jerga política se dice que los representantes de corregimiento son los verdaderos responsables del triunfo o fracaso para cualquier boleta presidencial. Descartado el actual inquilino de palacio, el interés político y soporte a este grupo recae, además de los diputados que avalaron y aprobaron el proyecto, en los múltiples precandidatos presidenciales del partido gobernante que conjuntamente hacen presión en favor de la mencionada norma, independientemente de quien resulte sobreviviente a la inminente noche de los cuchillos largos que sin lugar a dudas se avecina o se viene dando. Probable punto a favor del proyecto 890.
Si fuera por lógica y sentido común diría que el proyecto de ley será vetado, pero como en política no existe ni uno ni lo otro, solo intereses, habrá que esperar y ver con qué tipo de madera está hecho el taburete.
“Un estadista que ignora la forma en que se originan los acontecimientos es como un médico que desconoce las causas de las enfermedades que se propone curar” Polibio.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
