El 9 de enero de 1964 no fue solamente una lucha por una bandera rasgada; fue una disputa por el derecho al territorio. Cuando los estudiantes del Instituto Nacional de Panamá marcharon hacia la Escuela de Balboa, no solo portaban un símbolo patrio, sino el fervor de toda una nación contra una segregación urbana planificada. La cerca de la Zona del Canal representaba una negación material de la soberanía panameña, pero también una exclusión urbana: de un lado, la ciudad comprimida, densa y caótica; del otro, un modelo de ciudad jardín, ordenada y verde. Esa separación no fue accidental, sino el resultado de una planificación funcional al control geopolítico y no a la integración social.
La reversión de las áreas canaleras, lejos de corregir esa fractura histórica, evidenció las debilidades del ordenamiento territorial panameño. El país recibió suelos sin una visión integrada de ciudad ni instrumentos eficaces para garantizar su función social. A pesar de avances normativos como la Ley 21 de 1997 y la Ley 6 de 2006, el territorio revertido fue absorbido por una lógica de mercado que, bajo nuevas formas, perpetuó la exclusión que los mártires combatieron.
Sectores como Albrook, Clayton y Howard se consolidaron como enclaves funcionales y socioeconómicos, desconectados del resto de la ciudad. El Plan Local de Ordenamiento Territorial del Distrito de Panamá, aunque formalmente alineado con principios de sostenibilidad, no logró romper la fragmentación urbana. La conectividad deficiente, la dependencia del automóvil, la baja densidad urbana y la presión sobre áreas ambientalmente sensibles —especialmente la cuenca hidrográfica del Canal— son síntomas de una integración fallida.
Así, la antigua frontera no desapareció: mutó en barreras de acceso, precios del suelo prohibitivos, infraestructuras pensadas para pocos y espacios públicos que no convocan ciudadanía.
Superar esta deuda histórica exige asumir que el ordenamiento territorial es un acto político con consecuencias sociales profundas. Una posible vía es reconstruir el principio de función social del suelo, incorporándolo de manera vinculante en los instrumentos de planificación y en la toma de decisiones sobre usos y densidades en las áreas revertidas. El suelo recuperado debe responder al interés colectivo, no únicamente a la rentabilidad inmobiliaria.
También es imprescindible una integración urbana basada en conectividad multimodal. Las áreas revertidas deben dejar de funcionar como destinos aislados y convertirse en nodos activos del sistema urbano, articulados mediante transporte público estructurante, redes peatonales, ciclovías continuas y equipamientos urbanos de acceso universal.
Asimismo, se requiere una protección estricta de la cuenca del Canal, entendida no solo como reserva ambiental, sino como infraestructura estratégica sostenible. Las modificaciones de uso de suelo en estas áreas deben someterse a evaluaciones territoriales con criterios de seguridad hídrica, evitando que la planificación responda a intereses coyunturales.
La gobernanza territorial debe fortalecerse mediante coordinación interinstitucional efectiva y participación ciudadana vinculante. La planificación no puede seguir siendo un ejercicio tecnocrático ni una negociación opaca; debe convertirse en un pacto social sobre cómo habitamos el territorio que los mártires ayudaron a recuperar.
El 9 de enero, con gritos solemnes que marcaron la historia, recuerda que la lucha por la tierra fue, ante todo, una lucha por la dignidad. Hoy, esa dignidad se juega en la forma en que planificamos la ciudad. Mientras las áreas revertidas sigan operando como islas de privilegio en medio de una urbe colapsada, la soberanía seguirá incompleta.
La verdadera frontera debe desaparecer, para que el territorio sea accesible, integrado y justo. Si el ordenamiento territorial no logra derribar las nuevas cercas invisibles del siglo XXI, la herida de 1964 seguirá abierta; no en los libros de historia, sino como una herida latente en cada panameño.
El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo SostenibleUniversidad de Panamá.
