Dos años son un período relativamente corto para transformar una sociedad, pero suficientes para identificar si un país avanza en la dirección correcta.
En desarrollo social existe una realidad ineludible. Las necesidades son inmediatas, mientras que los resultados más profundos de las políticas públicas requieren tiempo para manifestarse. Un niño que recibe mejor atención en sus primeros años, un joven que accede a oportunidades de formación y experiencia laboral o una familia que recibe acompañamiento para superar condiciones de vulnerabilidad comienzan procesos cuyos efectos se reflejan plenamente a mediano y largo plazo.
Por ello, al cumplirse dos años de la gestión del presidente José Raúl Mulino, la pregunta relevante no es únicamente cuánto se ha hecho, sino qué bases se están construyendo para el futuro.
Una de las decisiones más importantes ha sido colocar el desarrollo humano en el centro de la política social. Atender las urgencias sigue siendo una responsabilidad fundamental del Estado, pero reducir las desigualdades exige también invertir en capacidades, oportunidades y prevención.
La apuesta por la primera infancia es una muestra de esa visión. A través del programa de acompañamiento en el hogar, madres, padres y cuidadores reciben orientación para fortalecer prácticas de crianza, estimulación temprana y desarrollo infantil. La evidencia internacional demuestra que pocas inversiones públicas generan retornos tan altos como aquellas dirigidas a los primeros años de vida.
Los resultados comienzan a respaldar esta estrategia. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en coordinación con el Mides, identificó mejoras en el desarrollo infantil y en las capacidades de las familias participantes. Más allá de las cifras, el hallazgo confirma que cuando el Estado acompaña a las familias en las etapas más decisivas de la vida, los beneficios trascienden el presente.
A esta apuesta se suma el impulso al Sistema Nacional de Cuidados, orientado a reconocer, redistribuir y fortalecer las tareas de cuidado que históricamente han recaído de forma desproporcionada sobre las familias, especialmente sobre las mujeres. Avanzar hacia una sociedad más equitativa implica también garantizar apoyos para quienes cuidan y para quienes requieren cuidados a lo largo de su ciclo de vida.
La misma lógica guía las acciones dirigidas a la juventud. El programa Padrino Empresario amplía oportunidades para que jóvenes en situación de vulnerabilidad desarrollen habilidades, adquieran experiencia práctica y fortalezcan sus posibilidades de inserción en el mercado laboral formal. Es una apuesta por la inclusión, el talento y la movilidad social mediante alianzas que acercan a los jóvenes al sector productivo.
La protección social ha continuado siendo un eje fundamental de la gestión. A través de los programas de transferencias monetarias condicionadas y otras intervenciones orientadas a la inclusión social, el Estado ha acompañado a miles de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, garantizando apoyos que contribuyen a mejorar su bienestar y fortalecer sus capacidades para superar condiciones de exclusión.
En este ámbito, la modernización de los mecanismos de pago mediante la implementación progresiva de depósitos por ACH representa un paso importante hacia una gestión pública más transparente, eficiente y segura, facilitando además el acceso oportuno de los beneficiarios a los recursos que les corresponden.
Se han fortalecido, igualmente, las acciones dirigidas a poblaciones históricamente vulnerables, entre ellas las personas mayores, las personas con discapacidad, la niñez, la adolescencia y las comunidades indígenas. Más allá de la asistencia, el objetivo ha sido promover una atención basada en la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de derechos, reconociendo que el desarrollo social solo es posible cuando nadie queda atrás.
La presencia del Estado en los territorios también ha sido una prioridad. A través de las Jornadas de Acción Social desarrolladas en las regiones más vulnerables del país, se ha acercado la oferta de servicios y programas gubernamentales a comunidades que históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso. Estas jornadas han permitido brindar atención integral a miles de personas mediante la articulación de esfuerzos entre instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales y líderes comunitarios, reafirmando que las respuestas a los desafíos sociales son más efectivas cuando se construyen de manera coordinada y cercana a la población.
Estos avances forman parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la institucionalidad social. Panamá se encuentra culminando la construcción de una Política Pública de Desarrollo Social concebida como una hoja de ruta de largo plazo para orientar las acciones del Estado hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y con mayores oportunidades para todos.
Su importancia trasciende una administración en particular. Las sociedades que logran reducir desigualdades de manera sostenida son aquellas que construyen consensos institucionales capaces de perdurar más allá de los ciclos políticos y convertir las políticas sociales en verdaderas políticas de Estado.
También merece destacarse el fortalecimiento de las alianzas con organizaciones de la sociedad civil mediante subsidios destinados a proyectos que benefician a niños, niñas y adolescentes. Esta colaboración reconoce que los desafíos sociales son demasiado complejos para ser enfrentados de manera aislada y que las mejores respuestas surgen cuando instituciones públicas y organizaciones comunitarias trabajan con objetivos compartidos.
Nada de esto significa que los desafíos estén resueltos. Persisten brechas territoriales importantes; existen comunidades donde el acceso a servicios básicos sigue siendo insuficiente; la informalidad laboral continúa limitando las oportunidades de miles de familias y la sostenibilidad de los programas sociales exige garantizar que cada recurso invertido produzca resultados medibles.
Sin embargo, los retos pendientes no deben impedir reconocer los avances alcanzados. Las políticas sociales más efectivas son aquellas que combinan sensibilidad con evidencia, solidaridad con responsabilidad y atención inmediata con visión estratégica de largo plazo.
Dos años después, la tarea está lejos de concluir, pero los avances logrados en áreas como la primera infancia, el sistema de cuidados, la ampliación de oportunidades para los jóvenes, la protección social de las familias más vulnerables, la atención a poblaciones prioritarias, la presencia del Estado en los territorios y la construcción de una política pública de largo plazo reflejan una dirección clara.
El desarrollo social no consiste únicamente en atender necesidades presentes. Consiste en crear las condiciones para que cada persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades, ejercer sus derechos y construir un futuro con mayores oportunidades. Esa es la ruta que hemos comenzado a recorrer y que debemos seguir fortaleciendo para las próximas generaciones de panameños, con la convicción de que una sociedad más justa se construye garantizando que el progreso llegue a todos, especialmente a quienes más lo necesitan.
La autora es Ministra de Desarrollo Social.
