Mientras el precio del barril de petróleo sube y baja sin control en el extranjero, en las calles y autopistas de Panamá se desata una reacción en cadena muy preocupante que termina golpeando directamente la mesa y la billetera de cada hogar. Cuando el combustible sube de precio, no estamos ante un gasto aislado o que afecte solo a los conductores; se trata del inicio de un grave problema de distorsión en los costos que crece paso a paso, haciendo que cada etapa del viaje —desde que los alimentos se cosechan con tanto esfuerzo en las tierras altas de Chiriquí hasta que se entregan en los supermercados y mercados de la capital— se vuelva muchísimo más cara.
Para un país como el nuestro, que depende casi por completo de los camiones para mover la comida y los productos básicos dentro de su territorio, buscar las mejores rutas y evitar los viajes vacíos ya no es un simple lujo para que las empresas ganen más dinero, sino una verdadera estrategia de supervivencia colectiva frente a un aumento generalizado de precios que asfixia el presupuesto familiar.
Esta dura realidad pone al descubierto los grandes fallos de nuestro sistema actual, pues resulta contradictorio que hayamos construido nuestra fama mundial sobre la base de ser el gran puente del comercio global y el punto de encuentro de los mares, mientras que, a nivel interno, sufrimos de una debilidad tremenda: vivimos totalmente atados y encadenados a la compra de combustibles extranjeros. Con un petróleo cada vez más caro, nuestro famoso Canal y los grandes puertos de las costas enfrentan el reto urgente de no perder clientes frente a un transporte marítimo internacional que busca con desesperación caminos alternativos que sean más baratos y menos contaminantes.
Por eso, el verdadero desafío actual no consiste en contar cuántas cajas o contenedores podemos mover de un lado a otro, sino en demostrar qué tan capaces somos de hacer crecer nuestra riqueza nacional sin que ese éxito dependa de los caprichos del mercado energético mundial. Esta adicción al combustible importado funciona como una trampa silenciosa que les quita los recursos y el dinero a los productores agrícolas y a los compradores para entregárselos directamente a los pocos grupos económicos que controlan la entrada de energía al país. Así, la crisis del transporte no es un frío cálculo matemático, sino el reflejo de cómo las grandes empresas de distribución trasladan de inmediato sus pérdidas y gastos extra al eslabón más indefenso de todos: el ciudadano de a pie.
El aumento exagerado en el costo de la comida no ocurre solamente por el mal tiempo o la falta de cosechas, sino por la injusticia de un mercado local que asfixia al campesino que trabaja la tierra mientras premia al intermediario y a la especulación. Ante un panorama tan urgente, el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados mirando la crisis desde la distancia, ya que la única forma de romper esta cadena de aumentos es mediante cambios profundos que vayan mucho más allá de dar ayudas económicas temporales para congelar el precio de la gasolina. Esos parches alivian las quejas por unos días, pero en el fondo se pagan con los impuestos de todos los panameños y terminan asegurando las ganancias de las grandes petroleras.
Lo que de verdad urge es una estrategia firme que transforme el transporte pesado del país, apoyando de forma real el uso de camiones eléctricos, construyendo grandes centros públicos para guardar los productos agrícolas de manera segura y mejorando los caminos locales; solo así destruiremos las roscas y monopolios de transporte que encarecen artificialmente la comida que viaja desde el interior del país hasta la mesa de los panameños.
Para evitar que la electromovilidad pesada dependa de fuentes fósiles externas, Panamá debe aprovechar su matriz energética renovable. La electricidad adicional podría provenir de inversiones estratégicas en energía hidroeléctrica, solar y eólica, recursos naturales abundantes en el país. Desde la ingeniería de costos, esto exige una lógica de mejora continua: integrar microredes de generación limpia en los nuevos centros regionales de acopio permitiría reducir la intermediación petrolera y avanzar hacia una logística soberana, sostenible, autogestionable y verdaderamente justa.
La crisis actual nos obliga a cambiar radicalmente el rumbo y el uso de nuestra posición geográfica: la gran infraestructura interoceánica no puede seguir funcionando como una burbuja moderna y rica que ignora el sufrimiento, el abandono y la pobreza de nuestras provincias interiores. Construir un sistema de transporte propio, fuerte y limpio no es un simple experimento de negocios, sino una obligación política que no puede esperar más si queremos consolidar un modelo de desarrollo verdaderamente equitativo, que respete el esfuerzo del productor nacional y distribuya con justicia social las grandes riquezas de nuestra hermosa tierra.
El autor es estudiante de ingeniería industrial (Universidad de Panamá).
