La brecha entre el discurso del desarrollo nacional y la asignación real de recursos públicos constituye una de las contradicciones más profundas de la política económica panameña. Mientras el Estado proyecta a Panamá como un sofisticado centro logístico, financiero y tecnológico de primer mundo, la base estructural que sostiene el bienestar social —la educación pública oficial y la salud— sufre un estrangulamiento financiero sistemático. Un ejemplo crítico de esta desconexión es la propuesta presupuestaria de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) para el año fiscal 2027. La institución ha planteado un requerimiento mínimo de $70,775,127, cifra indispensable para cumplir con su misión constitucional de docencia, investigación y extensión. El desglose técnico de esta solicitud es claro y austero: $63,093,127 destinados al funcionamiento y $7,682,000 asignados a la inversión. No obstante, el histórico enfoque de contención fiscal del Gobierno Central impone nubarrones de incertidumbre sobre la viabilidad operativa de esta casa de estudios.
El contraste entre las necesidades institucionales planteadas por Udelas y las recomendaciones fiscales del MEF expone el núcleo del problema. El ministerio ha implementado severas políticas de contención contra las universidades oficiales, aplicando recortes históricos que muchas veces superan el 50% de lo solicitado y aprobado en los presupuestos nacionales. Si esta tendencia se traslada al escenario de 2027, el impacto técnico e institucional rozaría la inoperatividad.
Esta restricción económica viola el marco legal dictado por la Constitución Política de la República de Panamá. El Artículo 103 constitucional otorga de forma categórica autonomía legal, organizativa y patrimonio propio a las universidades oficiales. No obstante, esta independencia administrativa resulta inútil sin estabilidad financiera. Por ello, el Artículo 104 constitucional obliga explícitamente al Estado a dotar a estas instituciones de los fondos indispensables para su instalación, funcionamiento y desarrollo futuro.
Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplica recortes presupuestarios a las universidades, no solo ejecuta un ajuste contable; violenta estos preceptos constitucionales diseñados para blindar el derecho a la educación de las presiones políticas de turno.
Para 2027, la propuesta de ingresos de Udelas contempla que el Gobierno Central aporte $58,013,127.00, mientras que la propia institución asumiría la responsabilidad de generar $5,080,000.00 en concepto de ingresos por tasas y derechos. Si el MEF repite su enfoque de austeridad ciega, ignorando que esta universidad se especializa en carreras sensitivas y de alta complejidad en las ciencias de la salud y la educación especial, desmantelará la capacidad operativa de laboratorios, programas de práctica clínica y proyectos de infraestructura esenciales para las extensiones regionales de las provincias más marginadas.
Esta falta de inversión tiene un impacto directo y devastador en la tasa de empleabilidad de sus egresados, un aspecto alarmante dado que Udelas no es una universidad tradicional. Su oferta académica atiende de forma directa sectores estratégicos donde el mercado privado no ofrece soluciones accesibles ni equitativas, formando a los profesionales de enfermería, fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia y educación especial indispensables para la inclusión social. Aunque actualmente 6 de cada 10 graduados de Udelas se incorporan de manera inmediata al mercado de trabajo, la obsolescencia tecnológica forzada por los recortes amenaza esta realidad. Los estudiantes técnicos de salud que se forman sin acceso a equipos biomédicos de última generación pierden competitividad, y al graduarse enfrentan serias barreras para insertarse en los hospitales del sector público y privado, ensanchando la escasez crónica de personal técnico cualificado en el país.
La política fiscal del MEF no solo restringe el presupuesto de manera global, sino que perpetúa profundas asimetrías internas entre las cinco universidades estatales principales. La Universidad de Panamá (UP), como la máxima casa de estudios y la más poblada, absorbe históricamente la mayor partida presupuestaria con asignaciones que rondan los $317.5 millones, otorgándole su peso político un margen de negociación superior. Por su parte, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) maneja aproximadamente $144 millones, apoyándose en su estrecha relación con el sector industrial para mitigar los embates fiscales. La paradoja se vuelve escandalosa al observar a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), que ha logrado incrementar sus fondos a cerca de $72.7 millones. Mientras tanto, Udelas y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), esta última limitada a unos $18.1 millones, sufren disminuciones crónicas, demostrando que la asignación de fondos no siempre responde a criterios técnicos de necesidad estratégica nacional, sino a dinámicas de influencia política regional.
Esta encrucijada financiera describe una política transversal que afecta al conjunto de la educación pública superior, la cual absorbe la abrumadora mayoría de la juventud panameña. Cerca del 78% de los estudiantes universitarios del país está matriculado en universidades oficiales, aportando más de 24,000 graduados anuales a la economía frente a los 8,000 del sector privado. El egresado de la universidad pública sostiene la operatividad del país en áreas críticas, ya que el 68% trabaja en el sector privado industrial y de servicios, y el 27% robustece el sector público de salud y educación. A pesar de esto, el Estado restringe los presupuestos de las entidades públicas que los forman, obligándoles a competir frente a las corporaciones privadas, que atienden a solo a un 22% del total de la matrícula de estudiantes universitarios del país. Al recortar el financiamiento estatal, el gobierno limita el acceso a la educación pública, empujando a los jóvenes de escasos recursos hacia el endeudamiento privado o la informalidad laboral.
Este escenario representa además una violación flagrante del espíritu del mandato legal que exige destinar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo. Financiar la educación básica sin dar continuidad a la educación superior condena al sistema a generar un cuello de botella social.
Ante la volatilidad de los aportes del Gobierno Central, Udelas se ve obligada a explorar alternativas de autogestión financiera para mitigar esta dependencia absoluta, potenciando la prestación de servicios especializados a través de sus clínicas universitarias de atención psicopedagógica y centros de rehabilitación abiertos al público. Asimismo, la ampliación de su oferta de postgrados, maestrías y consultorías técnicas, permitiría generar ingresos propios, destinados a subsidiar los costos operativos de las carreras técnicas de grado de los estratos sociales más vulnerables.
El presupuesto solicitado por Udelas para 2027 no debe entenderse como un gasto administrativo ordinario, sino como una inversión prioritaria en el capital humano y la salud de la República. La asignación final que dicte el MEF y apruebe la Asamblea Nacional, reflejará la verdadera escala de valores de la administración pública. Mantener una política de asfixia económica sobre la educación superior oficial es condenar al país al estancamiento social. Garantizar los $70.7 millones planteados por Udelas es, en última instancia, exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones del Estado delimitadas en la Constitución, resguardando el derecho a recibir servicios de salud eficientes y una educación inclusiva, pública y de alta calidad.
El autor es doctor en Derecho y secretario general de Udelas.
