El sistema educativo panameño ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo de su historia, reflejando cambios políticos, sociales y económicos del país. En la actualidad, el debate sobre su modernización adquiere un carácter urgente, ya que la educación se concibe como un instrumento central para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la competitividad global. La discusión y aprobación de una nueva Ley Orgánica de Educación representa la oportunidad de construir un sistema educativo integral, equitativo y de calidad para el siglo XXI.
En su balance de gestión presentado a la nación, el presidente de la República destacó la educación como pilar del desarrollo nacional. Esta afirmación remite a un desafío histórico de Panamá: transformar el sistema educativo de manera estructural, sostenida e inclusiva. La pregunta clave es cómo lograr reformas efectivas que superen los errores del pasado y garanticen un futuro equitativo y competitivo para las nuevas generaciones.
La transformación del sistema educativo panameño es un proyecto nacional que define el futuro. Superar reformas inconclusas requiere visión crítica, participación de todos los actores y una política educativa sostenible. Solo así se podrán formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
Tras la crisis de la reforma educativa de las décadas de 1970 y 1980, Panamá intentó una nueva transformación en los años 90. En 1995, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y la conducción del ministro Pablo Antonio Thalassinos, se inició un debate nacional serio sobre la Ley Orgánica de Educación, que culminó con la aprobación de la Ley 34 de 1995. Esta norma introdujo cambios significativos y la Estrategia Decenal de Modernización de la Educación Panameña, orientada a vincular educación, desarrollo económico y democratización del acceso educativo.
A pesar del apoyo inicial, la implementación encontró resistencia, evidenciada en la huelga nacional de 1997. Con el cambio de gobierno en 1999, la estrategia quedó suspendida y posteriormente abandonada. La falta de una política educativa de Estado —estable, continua y consensuada— ha impedido avances estructurales sostenidos. Lograr una transformación educativa profunda y sostenible exige ir más allá de cambios superficiales o coyunturales.
La reforma debe partir de una visión estratégica de largo plazo, consensuada entre todos los actores sociales, que articule la educación con el desarrollo económico, social y cultural del país. Debe definir objetivos claros de equidad, calidad y pertinencia, asegurando continuidad más allá de los ciclos políticos.
Todos los sectores involucrados en la educación —docentes, gremios, estudiantes, familias, sector privado, universidades y comunidades locales e indígenas— deben participar activamente. Es fundamental establecer mecanismos de gobernanza participativa, transparentes y con seguimiento ciudadano.
El currículo debe desarrollar competencias básicas, habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, creatividad y valores éticos. Además, debe ser cultural y lingüísticamente inclusivo, reflejar la diversidad del país y permitir adaptaciones regionales sin perder estándares nacionales de calidad.
Los docentes del siglo XXI deben ser facilitadores del aprendizaje, capaces de integrar tecnología, metodologías activas y educación inclusiva. Su formación debe combinar saber disciplinar, pedagógico y competencias digitales y socioemocionales, con incentivos claros que garanticen su motivación y permanencia en el sistema.
La educación no es solo un servicio público, sino el instrumento más poderoso para construir un país más justo, equitativo y competitivo.
La educación debe concebirse como una política pública con rango constitucional, no como un tema sujeto a cambios de gobierno o decisiones coyunturales. Cada intento inconcluso de reforma ha demostrado que, sin visión estratégica, participación auténtica y continuidad institucional, los esfuerzos quedan incompletos y comprometen el futuro de generaciones enteras.
Transformar la educación es una obligación ética y estratégica. Panamá solo podrá avanzar como nación si asegura que cada ciudadano tenga acceso a oportunidades reales. La educación con rango constitucional es, en definitiva, la llave para construir un país más justo, competitivo y preparado para los retos del siglo XXI.
El autor es docente y especialista en ciencias sociales.
