Cada 22 de abril se repite el ritual: discursos, conferencias, campañas y publicaciones para celebrar el Día de la Tierra. Pero hay una verdad incómoda detrás de esa puesta en escena: la Tierra no celebra, resiste. En Panamá, el relato de país verde choca cada vez más con una realidad marcada por la deficiente administración hídrica, la pérdida de bosques y una contaminación que castiga, sobre todo, a quienes menos tienen. No hay sostenibilidad posible cuando el ambiente se usa como consigna, pero no se defiende como prioridad nacional.
Panamá acumula una larga y preocupante lista de problemas ambientales: la contaminación del agua en ríos como La Villa, resultado de años de negligencia de los gobiernos locales y del gobierno central; la mala gestión hídrica en un país que, paradójicamente, figura entre los cinco más lluviosos del planeta; vertederos deficientemente manejados, marcados por la quema de basura, la filtración de lixiviados y la contaminación del suelo; una deforestación persistente que se expresa en la tala y quema de bosques nacionales, como ocurre de forma alarmante en Darién; entre otros desafíos ambientales.
La contaminación del río La Villa, que ha provocado una grave crisis de agua en Azuero, no es solo una contaminación provocada por las porquerizas, sino que deja en evidencia la escandalosa lentitud con que se ha respondido a un problema que debió enfrentarse con rigor científico, control sanitario y decisión política desde el primer momento. Mantener durante tanto tiempo a una población afectada, sin soluciones estructurales claras, sin restauración efectiva de la calidad del agua y sin una estrategia técnica convincente, evidencia una falla profunda del Estado. Cuando una contaminación de esta magnitud se prolonga por un año, ya no puede hablarse de un incidente puntual: se trata de una muestra de negligencia institucional y de ausencia de gobernanza ambiental. El gobierno local le falló a su propia gente.
Los vertederos que contaminan sin parar la Tierra son una forma de contaminación crónica que el país ha normalizado durante demasiado tiempo. No solo afean el paisaje, sino que envenenan suelos, generan lixiviados que comprometen aguas superficiales y subterráneas, y exponen a comunidades enteras a condiciones indignas e insalubres. Los propios diagnósticos oficiales han advertido que muchos sitios de disposición funcionan sin las medidas mínimas de seguridad ambiental. En cualquier país que tomara en serio su salud pública y su gestión territorial, esto se trataría como una emergencia estructural, no como una molestia administrativa.
La contaminación por residuos sólidos y aguas sin tratamiento es otro espejo incómodo. Que Panamá haya impulsado una planificación nacional de residuos para 2024–2029, y que la basura siga por todos lados, confirma que el problema sigue lejos de resolverse. No basta con recolectar basura; hay que reducirla, tratarla y evitar que termine en ríos, costas y barrios donde el deterioro ambiental siempre golpea primero a los mismos. ¿Qué tan difícil es desarrollar un plan de reciclaje y recolección que funcione en Panamá? La respuesta es la falta de voluntad política, porque no es falta de capacidad técnica, sino falta de gestión por parte de las autoridades, falta de planificación seria, continuidad institucional y educación ciudadana. Un sistema de reciclaje y recolección que funcione exige organización, inversión, fiscalización y una visión de largo plazo, justamente lo que por años ha faltado.
La deforestación que día tras día consume el verdor del Istmo es una agresión sistemática, como ocurre en Darién: una de las reservas ecológicas más valiosas del país. La tala ilegal, el comercio ilícito de madera y la apertura de áreas boscosas están destruyendo un patrimonio natural que debería ser intocable. Cada hectárea perdida en Darién significa menos bosque, menos biodiversidad, menos regulación hídrica y más degradación territorial. Lo más alarmante es que este daño ya no puede presentarse como aislado, pues el propio Ministerio de Ambiente ha tenido que intensificar operativos y denuncias en la zona por la magnitud de la presión sobre sus bosques.
La crisis ambiental de Panamá ya no puede verse como una suma de problemas aislados. Es el reflejo de una forma de gobernar el territorio que ha normalizado la demora, la negligencia y la falta de prevención. Panamá necesita decisiones reales, sanciones efectivas y una política ambiental que deje de reaccionar tarde frente a crisis que ya son evidentes. Porque mientras los ríos se contaminan, los bosques retroceden y el agua segura se vuelve incierta para miles de personas, lo que está en juego no es solo el ambiente: es la dignidad del país y el derecho de cada panameño a un futuro habitable.
El autor es doctor en Recursos Hídricos y Cambio Climático.
