El salami “se come poco a poco”, en rebanadas. Mientras más fina, mejor, según los grandes gourmets de los mejores restaurantes. Los diplomáticos avezados han hecho suyo este corolario, aplicándolo al tablero del ajedrez mundial.
La política internacional de Donald Trump, impulsada por la ultraderecha, los halcones republicanos y los oligarcas de Estados Unidos —que rompe con la tradicional política exterior bipartidista—, olvida este principio al pretender engullirse las principales fuentes energéticas y minerales para asegurar físicamente las reservas del continente americano, así como las rutas comerciales internacionales, incluido el Canal de Panamá.
La general Laura Richardson, excomandante del Comando Sur, manifestó sin tapujos —y con cierta ingenuidad— que para su país resulta crucial el control de los vastos recursos estratégicos de América Latina para la seguridad de Estados Unidos, entre ellos petróleo, gas, oro, cobre, litio y tierras raras, entre otros. Agregó, con tono compungido, que nuestros países no recibían beneficios suficientes para su desarrollo debido a la influencia de China y Rusia en la región.
Hoy, el plan Trump, eje de la avaricia oligárquica estadounidense, amplía su alcance geográfico, sumando a estas pretensiones a Canadá y Groenlandia, con el objetivo de colocar bajo su dominio soberano al resto de los países del continente como Estados vasallos o protectorados, todos subordinados a la Casa Blanca y a su presidente errático.
Esta política internacional del trumpismo hace añicos a las Naciones Unidas, zarandeadas durante años por Estados Unidos; rompe con los restos del orden mundial y las instituciones internacionales; dinamita las leyes y tratados internacionales, y genera potenciales discordias en las viejas alianzas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, donde antiguos aliados europeos hoy se gruñen y enseñan los dientes por Groenlandia.
Hace semanas señalé los crecientes rumores de que la Armada de Estados Unidos no paga peaje por el tránsito de sus buques de guerra por el Canal de Panamá. Consideré necesario que el gobierno nacional se pronunciara, pues ello atentaría contra la neutralidad del Canal y los compromisos del Tratado de Neutralidad. La única respuesta que escuché, por medios televisivos, fue la del ministro Felipe Chapman, quien afirmó que yo estaba más informado que él; algo que no me sorprendió, ya que días antes había dicho desconocer desembolsos del programa de descentralización, luego confirmados por un colega suyo y por el propio presidente José Raúl Mulino.
Poco después ocurrió el lamentable y bochornoso incidente del monumento chino, erigido en 2004 con fondos de la comunidad china y demolido por orden de la alcaldesa de Arraiján. Con los antecedentes creados por la canallesca y falsa narrativa del gobierno de Trump sobre una supuesta presencia del Ejército chino en Panamá, y el mentiroso señalamiento de control del Partido Comunista chino sobre las operaciones del Canal, resulta difícil no inferir el origen de tan absurda decisión.
La ofensiva de la embajada y de su embajador diletante no se ha detenido. Han continuado con amenazas a empresarios panameños de retirarles visas, afectar sus negocios y someter a sus empresas a medidas de boicot, como ocurre en otros países si se niegan a romper relaciones con China. También se ha intimidado a actividades comerciales que alquilan locales a empresas chinas, a bufetes panameños que las representan y a vendedores de vehículos chinos, amenazándolos con represalias si no suspenden sus operaciones.
En consecuencia, las actividades económicas de Panamá, sus inversiones extranjeras y la generación de empleo quedan a la deriva, condicionadas por decisiones de matones en Washington, los mismos que venden bonos del Estado, soya, maíz, productos farmacéuticos y semiconductores a China, mientras compran tierras raras, maquinaria, electrónica y bienes de consumo. La ley del más fuerte: hagan lo que digo, no lo que hago; y que se hunda el istmo.
En septiembre habrá cambio en la administración del Canal. El doctor Ricaurte Vásquez dejará el cargo y será sustituido. Vale la pena preguntarse qué resultados arrojaron las recientes conversaciones de los ministros Martínez-Acha e Icaza con Marco Rubio, en Washington. ¿O acaso pretenden imponer desde Estados Unidos al nuevo administrador del Canal, impidiendo que la Junta Directiva ejerza su potestad soberana?
Responder estas interrogantes y hacer públicos los acuerdos y entendimientos de este gobierno con los procónsules estadounidenses es una deuda pendiente con la opinión pública. Sabemos que las presiones y amenazas del gobierno de Trump han conducido a una resignación progresiva: entregar, poco a poco, el sabroso salami a sus pretensiones, como ocurrió en Venezuela ante el descomunal poderío militar estadounidense, lo que habría llevado a la cúpula militar de ese país a entregar la cabeza de Maduro y su esposa para evitar un mayor derramamiento de sangre. Quizás de allí provengan los frecuentes llantos presidenciales, fruto de asedios y presiones que generan debilidades aprovechadas desde el norte.
Imagino a Donald Trump en su próximo discurso ante la nación, en el Capitolio, alardeando de supuestos logros: extraer a Maduro de Venezuela, imponer aranceles al mundo bajo el pretexto de salvar la economía estadounidense, crear nuevos protectorados en el continente bajo el corolario Monroe, mantener a Europa en condición de dependencia y asegurar su victoria electoral de noviembre para conservar el control del Congreso y seguir repartiendo el planeta.
El verdadero problema de Trump es el tiempo del que dispone para tragarse ese salami mundial, si es que conoce el clásico corolario diplomático. La gula suele precipitar la caída: en Estados Unidos crece el rechazo político y social a sus políticas demenciales, lo que podría conducir a un impeachment, mil veces preferible a una tercera guerra mundial.
El autor es abogado, exministro de Trabajo y exsecretario general del PRD.
