La corrupción no nació de un día para otro en Panamá. Se fue incubando lentamente en los espacios donde el Estado dejó de fiscalizar con rigor, donde el clientelismo reemplazó a la meritocracia y donde demasiados funcionarios aprendieron que las leyes podían interpretarse según conveniencias políticas.
Por eso, cuando la ciudadanía observa que nuevamente se investigan patrimonios inexplicables, contratos dudosos, planillas infladas y estructuras de corrupción enquistadas en la administración pública, una parte importante del país siente alivio institucional. No por venganza. No por persecución. Sino porque comienza a percibirse algo que durante muchos años pareció ausente: el cumplimiento de la ley.
La Contraloría General de la República de Panamá fue concebida constitucionalmente como uno de los grandes guardianes morales y técnicos del Estado. Su misión nunca fue decorar organigramas burocráticos ni limitarse a producir informes archivables. Su función era —y sigue siendo— fiscalizar, prevenir, detectar y denunciar el uso indebido de los recursos públicos.
Muchos panameños recuerdan épocas en las cuales la Contraloría ejerció ese rol con firmeza. Y precisamente por eso surge una reflexión inevitable: si durante décadas los organismos de control hubiesen cumplido rigurosamente sus responsabilidades constitucionales y legales, probablemente Panamá no enfrentaría hoy los graves niveles de corrupción, clientelismo y deterioro institucional que tanto daño han causado al prestigio nacional.
La molestia de ciertos sectores políticos frente a la aplicación estricta de la ley resulta reveladora. Algunos consideran “excesiva” la fiscalización porque durante demasiado tiempo se acostumbraron a operar dentro de un sistema donde la impunidad era parte normal del paisaje político. También existen sectores profesionales que observan con inquietud investigaciones y controles que antes simplemente no existían o no se aplicaban con igual severidad.
Pero un país serio no puede sostener su desarrollo sobre la tolerancia al incumplimiento ético.
Panamá necesita comprender algo fundamental: la lucha contra la corrupción no es solamente un problema moral. Es también una necesidad económica, financiera y estratégica. El prestigio internacional de una nación influye directamente en:
• su riesgo país,
• el costo del financiamiento,
• la confianza de los inversionistas,
• la fortaleza de su centro financiero,
• y la credibilidad de sus instituciones.
Ningún gran centro logístico, marítimo o financiero puede prosperar indefinidamente bajo la sospecha permanente de corrupción estructural.
Sin embargo, el combate contra este problema requiere ir más allá de investigaciones y sanciones individuales. Hace falta transformar el funcionamiento mismo del Estado.
Por ello, Panamá debe avanzar hacia una digitalización integral de todas las transacciones y trámites entre el ciudadano y el Estado. Cada permiso, pago, licitación, refrendo, trámite municipal o gestión administrativa que se digitaliza reduce espacios para:
• la discrecionalidad,
• el soborno,
• el tráfico de influencias,
• y la corrupción cotidiana que asfixia al ciudadano honesto.
La tecnología, bien aplicada, puede convertirse en uno de los mayores instrumentos de transparencia institucional.
Igualmente indispensable es enfrentar otro de los grandes males estructurales del país: la proliferación de las llamadas “botellas”, que durante años han alimentado una burocracia sobredimensionada, improductiva y utilizada como mecanismo clientelista por sectores políticos irresponsables.
Un Estado inflado artificialmente para sostener favores políticos termina destruyendo las finanzas públicas, debilitando la eficiencia gubernamental y erosionando la confianza ciudadana.
Panamá tiene hoy una oportunidad histórica.
La ciudadanía comienza a exigir rendición de cuentas. Los organismos internacionales observan con atención. Y el país todavía está a tiempo de demostrar que posee la madurez institucional necesaria para corregir décadas de permisividad y construir un modelo de administración pública basado en:
• transparencia
,• eficiencia,
• ética,
• meritocracia,
• y responsabilidad fiscal.
La lucha contra la corrupción no debe verse como una persecución contra personas específicas. Debe entenderse como un proceso nacional de saneamiento institucional destinado a rescatar el prestigio de la República.
Porque, al final, ningún país puede aspirar a la grandeza mientras la corrupción siga sonriendo con impunidad frente a las cámaras.
El autor es exdirector de La Prensa
