El gobierno de China promulgó en marzo de este año la «Ley de Promoción de la Unidad Nacional», que entró en vigor el 1 de julio. El texto de la ley establece claramente que cualquier «persona o grupo» sospechoso de atentar contra la unidad nacional de China puede quedar sujeto a las disposiciones y sanciones de dicha ley. Aunque la opinión generalizada es que esta ley está estrechamente relacionada con la forma en que el gobierno de Xi Jinping aborda la cuestión de Taiwán, refuerza el discurso nacionalista e integra la gobernanza interna, algunos comentaristas señalan que presenta ciertas similitudes con las «Leyes de Núremberg» de la Alemania nazi, entre ellas la definición legal de quiénes son enemigos de la comunidad nacional y el debilitamiento jurídico de la autonomía de las minorías étnicas, así como de la inclusividad de la coexistencia multiétnica.
Sin embargo, es de temer que el alcance de esta ley sea mucho más amplio de lo que la mayoría supone. No solo afectará la gestión de las minorías étnicas dentro de China, sino que también podría extenderse a las comunidades chinas en el extranjero, especialmente en aquellas regiones donde existan conflictos de intereses estratégicos con China, donde la cuestión de Taiwán sea especialmente sensible o donde la influencia económica y comercial china se esté expandiendo rápidamente. En este artículo se analizará, a partir del contenido de la ley, el impacto que podría tener en las comunidades chinas de América Latina.
Contenido de la ley
La «Ley de Promoción de la Unidad Nacional» de China, según la definición oficial, es «la ley fundamental para aplicar las disposiciones pertinentes de la Constitución, gestionar los asuntos étnicos y llevar a cabo el trabajo étnico en la nueva era». A juzgar por su exposición de motivos, el núcleo de esta ley no se limita únicamente a la gestión de las minorías étnicas, sino que eleva el «fortalecimiento de la conciencia de la comunidad de la nación china» —que era la línea principal del trabajo étnico del Partido Comunista de China— a un marco jurídico nacional que puede aplicarse de manera interdepartamental, interjerárquica e interdisciplinaria.
El efecto principal de esta ley proviene de seis mecanismos legales: primero, redefinir las críticas externas como injerencia extranjera; segundo, incluir a Taiwán y a la diáspora china en el extranjero como destinatarios de las políticas étnicas; tercero, exigir a los medios de comunicación y a las plataformas en línea que asuman obligaciones de propaganda y gestión de contenidos; cuarto, incorporar los símbolos religiosos y culturales al marco de la «sinicización» y la «chinesización»; quinto, vincular aún más el desarrollo de las regiones fronterizas con la seguridad nacional y la cooperación transfronteriza; y, sexto, establecer expresamente, a través del artículo 63, la base para exigir responsabilidades a organizaciones y personas en el extranjero.
De hecho, el impacto de esta ley no puede juzgarse únicamente por el hecho de que genere o no litigios concretos. Su función más importante es proporcionar un marco jurídico para que el Partido Comunista de China lleve a cabo estas tareas en el futuro. En primer lugar, integra la política de minorías étnicas de China, la política del Frente Unido, la propaganda, la gestión religiosa, la seguridad fronteriza, las relaciones con Taiwán y los asuntos de la diáspora en el extranjero en un mismo lenguaje jurídico y político: el de la «comunidad de la nación china». En segundo lugar, proporciona una base jurídica y un arma retórica para que China defienda en el futuro, ante la comunidad internacional, el argumento de que «ustedes critican cuestiones de derechos humanos, pero yo las defino como actos que socavan la unidad nacional y constituyen una injerencia extranjera». Además, hará que Taiwán, Japón y otros países democráticos enfrenten un mayor grado de incertidumbre frente a la guerra jurídica promovida por China. Esta incertidumbre puede incluir riesgos para el personal diplomático destinado en China y para los ciudadanos que se encuentran en el país, e incluso podría extenderse a conflictos diplomáticos de mayor alcance.
Repercusiones en las comunidades chinas de América Latina
En mi opinión, los principales afectados por los efectos que podría generar esta ley serán las comunidades chinas en el extranjero, y las regiones donde es más probable que se produzcan cambios significativos son aquellas que mantienen conflictos de intereses con China o que están estrechamente relacionadas con la cuestión de Taiwán. En lo que respecta a América Latina, los países que merecen mayor atención son Panamá, Perú y Paraguay. Es posible que, en el futuro, China utilice esta ley como herramienta para exigir a los ciudadanos chinos residentes en esos países que se ajusten a las políticas del gobierno chino; de no hacerlo, podrían enfrentarse a presiones y sanciones por parte del gobierno chino, de organizaciones de la diáspora pro-China o de redes de intereses vinculadas a Pekín.
¿Por qué Panamá, Perú y Paraguay? Desde una perspectiva geopolítica, el Canal de Panamá controla una de las principales arterias marítimas que conectan el este y el oeste del continente americano y, además, posee una importancia estratégica para el desplazamiento de la Armada de los Estados Unidos hacia el Pacífico. En el caso de Perú, la razón radica en que China mantiene importantes inversiones en transporte marítimo y minería, sectores que abastecen recursos estratégicos indispensables para el desarrollo de su industria militar y de alta tecnología. En cuanto a Paraguay, el factor determinante es la competencia diplomática entre China y Taiwán. Dado que Paraguay es el único país de América Latina que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, para Pekín se trata de una presencia diplomática que no puede ignorarse.
Entonces, ¿cómo ejercerá China esa presión, concretamente? En primer lugar, la forma más común será exigir a las comunidades chinas de todo el mundo que adopten una postura política más definida y que guarden silencio sobre temas como los uigures, el Tíbet y Hong Kong, e incluso que no expresen apoyo a Taiwán. En segundo lugar, China también podría utilizar asociaciones de la diáspora, cámaras de comercio, asociaciones de compatriotas o medios de comunicación pro-China para aislar a los inmigrantes chinos que apoyan a Taiwán e intentar influir en sus decisiones relacionadas con los estudios, el trabajo, el comercio y las relaciones sociales.
Bajo la influencia de estas medidas, es probable que las comunidades chinas de América Latina comiencen a autocensurar sus declaraciones y comportamientos, y que les resulte cada vez más difícil rechazar la colaboración con empresas de capital chino o con asociaciones pro-China.
Conclusión
Aunque el gobierno chino ha afirmado que esta nueva ley tiene como objetivo promover la unidad nacional y dotarla de un marco jurídico claro, durante la conferencia de prensa en la que respondió preguntas sobre la norma, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China evitó responder directamente si esta podría favorecer una «jurisdicción de largo alcance» o la denominada «represión transfronteriza». En lugar de ello, además de ofrecer respuestas que guardaban escasa relación con la pregunta planteada, acusó a los periodistas de difundir rumores de manera deliberada.
Sin embargo, a juzgar por la actitud del portavoz, quien no desmintió de forma directa esas inquietudes, es posible que esta ley proporcione al gobierno chino la infraestructura jurídica necesaria para reprimir, más allá de sus fronteras, a quienes expresen posiciones disidentes. Para las comunidades chinas de todo el mundo, esta ley también incrementaría el riesgo político de acercarse a Taiwán, apoyar a Taiwán o criticar públicamente las políticas étnicas de China.
Por lo tanto, en el futuro podrían producirse tres cambios. Primero, un aumento de las declaraciones políticas por parte de las asociaciones de la diáspora. Segundo, un incremento de la autocensura en temas relacionados con Taiwán y las minorías étnicas. Y tercero, una mayor facilidad para que las organizaciones pro-China y las redes grises utilicen el discurso de la «unidad étnica» para reprimir las voces disidentes.
Si en el futuro las asociaciones chinas, los medios de comunicación en chino, las cámaras de comercio u otras organizaciones relacionadas de América Latina comienzan a utilizar con frecuencia expresiones como «progreso de la unidad nacional» o «comunidad de la nación china», significará que esta ley habrá dejado de ser únicamente un instrumento de gobernanza interna de China para convertirse en una herramienta de disciplina política dirigida a las comunidades chinas en el extranjero.
Esto no solo afectará la libertad de expresión y las opciones políticas de las comunidades chinas en América Latina, sino que también podría someterlas a presiones identitarias y riesgos de seguridad aún más complejos, en un contexto marcado por la competencia entre China y Estados Unidos, la situación en el estrecho de Taiwán y la política de unificación promovida por Pekín.
El autor es doctorando, Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Estratégicos/Universidad Tamkang (Taiwán).
