En Panamá, el caos vial dejó de ser un problema ocasional para convertirse en una constante diaria. Tranques interminables, sanciones que sorprenden más de lo que educan y una convivencia cada vez más tensa en las calles revelan una realidad incómoda: el desorden no nace únicamente del volante, sino de la ausencia de una política sostenida de educación vial. Cuando la norma aparece primero como multa y no como información, el tránsito se transforma en un espacio de frustración colectiva.
Los tranques que hoy afectan prácticamente todas las vías del país, a cualquier hora del día, no pueden explicarse solo por el incremento del número de vehículos en circulación. A ello se suma la creciente presencia de bicicletas, motocicletas, scooters eléctricos y patinetas, que hoy conviven en las calles sin una educación ni una regulación claramente difundida. Surge entonces una pregunta necesaria y aún sin respuesta clara para la ciudadanía: ¿bajo qué normativa se regulan los vehículos de movilidad eléctrica que circulan en Panamá? Esta falta de claridad contribuye al desorden y aumenta los riesgos en la vía.
Buena parte de estos embotellamientos no se origina en accidentes, sino en la improvisación y el desconocimiento de normas básicas de circulación. Conductores que cambian de carril sin necesidad, que frenan de forma innecesaria, que no respetan la prioridad de paso o que circulan sin criterio vial convierten pequeños retrasos en colapsos monumentales.
Un factor particularmente grave es el cierre irresponsable de entradas y salidas de las vías. Avanzar sin tener espacio suficiente y bloquear intersecciones, retornos o accesos a otras zonas paraliza sectores completos, afecta el transporte público y pone en riesgo la circulación de ambulancias y vehículos de emergencia. Esta conducta no es un error menor: es una infracción que debería prevenirse y sancionarse con firmeza, porque rompe el flujo urbano y multiplica los tranques.
El uso indebido de los carriles merece una atención especial. La norma es clara: se transita por la derecha y se rebasa por la izquierda. Sin embargo, esta regla básica se incumple de manera reiterada, sobre todo en carretera abierta, donde vehículos circulan lentamente por el carril izquierdo durante largos trayectos. Esta práctica rompe el flujo natural del tránsito, obliga a adelantamientos peligrosos y genera congestión innecesaria. En muchos países esta conducta es sancionada por razones de seguridad; en Panamá, rara vez es fiscalizada, lo que normaliza el desorden y refuerza la percepción de permisividad. Estas prácticas provocan accidentes y tranques que no se justifican.
A esta realidad se suma una queja recurrente de los ciudadanos: multas por supuestos excesos de velocidad en tramos donde no existe señalización clara ni visible que indique los límites permitidos. Sancionar sin informar previamente no educa; genera indefensión y debilita la confianza en la correcta aplicación de la ley. La señalización no es un complemento opcional: es parte esencial de la norma. Sin ella, la sanción pierde legitimidad.
Pero la educación vial no es responsabilidad exclusiva del conductor. Peatones, ciclistas, usuarios de micromovilidad y autoridades forman parte del mismo sistema y deben actuar bajo reglas claras y compartidas. El peatón necesita orientación y condiciones seguras; el ciclista y el usuario de micromovilidad requieren normas específicas y espacios definidos; y la autoridad tiene la obligación de planificar, señalizar, educar y fiscalizar con coherencia.
En este punto surge otro problema crítico: el cruce de las calles y el uso de puentes peatonales elevados. ¿De quién es la responsabilidad cuando estos cruces están mal ubicados, no son accesibles, carecen de iluminación o implican recorridos poco seguros? No basta con exigir al peatón que los utilice si su ubicación no responde a la lógica del flujo peatonal ni garantiza seguridad. La planificación de cruces debe basarse en estudios reales de tránsito y movilidad, considerando accesibilidad, visibilidad y protección. Cuando estas condiciones no existen, el riesgo aumenta y la responsabilidad es compartida, pero principalmente institucional.
El problema se agrava cuando el trato de quienes deben orientar y educar se percibe como prepotente o grosero. A ello se suma una práctica que, aunque pocas veces se dice en voz alta, forma parte de la inmoralidad que rodea al sistema: la percepción de que algunas faltas pueden resolverse al margen de la ley, como si la infracción dejara de existir cuando se “arregla” en el momento. Esta idea, profundamente dañina, degrada la autoridad y destruye cualquier intento de educación vial, porque transmite el mensaje de que cumplir la norma es opcional y negociable.
La gestión actual del tránsito panameño refleja una prioridad equivocada: cobrar multas antes que educar para prevenir accidentes. Durante años no se ha trabajado con firmeza para resolver situaciones cotidianas que se repiten a toda hora y en todas las vías. La educación no puede seguir subordinada a la sanción. Así como se multa con razón la alta velocidad, debe sancionarse con el mismo rigor a los vehículos que transitan lentamente y obstruyen el flujo, porque ambas conductas alteran el orden, provocan accidentes y generan tranques innecesarios.
La educación vial sigue siendo una deuda pendiente. Las pruebas para obtener licencias no siempre garantizan un conocimiento sólido de las normas de circulación y, una vez concedido el permiso, los conductores pueden pasar años sin recibir actualización alguna. A esto se suma la escasa presencia de campañas educativas permanentes y la limitada difusión de información vial en los medios de comunicación, que también tienen una responsabilidad formativa con la ciudadanía.
La educación vial no es un gasto; es una inversión en vidas, tiempo y convivencia social. Educar debe anteceder a cualquier sanción. Informar debe ser una obligación constante del Estado y de los medios. Fiscalizar debe hacerse con coherencia, respeto y criterio preventivo.
Mientras la educación vial siga siendo la gran ausente del tránsito panameño, las calles continuarán siendo escenarios de desorden, confrontación y riesgo. Un sistema que tolera la improvisación, la aplicación selectiva de la norma y la idea de que una falta puede negociarse no solo fracasa en ordenar el tránsito: falla éticamente. Cumplir la ley no debería depender del miedo a una multa ni de la posibilidad de “arreglar” una infracción, sino del respeto a la vida propia y ajena. En el tránsito, como en la sociedad, cuando la norma se vuelve negociable, la seguridad desaparece. Educar, prevenir y actuar con integridad ya no es una opción: es una urgencia impostergable.
La autora es educadora.
