La última gestión gubernamental ha apostado por la austeridad, presentada como consolidación fiscal y baja ejecución presupuestaria, con el objetivo de recuperar el grado de inversión perdido en un entorno marcado por nuestra posición geopolítica y por un orden multipolar inmerso en una guerra económica. En ese tablero, el dragón asiático disputa influencia al hegemon estadounidense, a su dólar y al sistema SWIFT. Ante ese panorama surge una pregunta incómoda: ¿qué inversionista extranjero estaría dispuesto a colocar capital en un país cuyo principal activo, el Canal de Panamá, puede convertirse en un objetivo estratégico en un eventual conflicto y cuyos ciudadanos, además, no parecen dispuestos a salir a las calles a defenderlo?
Este gobierno proempresarial, carente de un aparato productivo sólido y excesivamente dependiente de la logística en torno al Canal de Panamá, ha convertido al déficit fiscal y a los servidores públicos en sus principales enemigos. Hoy, el sector gubernamental panameño replica, en esencia, la lógica que adoptó el sector privado tras el colapso inmobiliario: reducir el apalancamiento mediante menor gasto, menor ejecución presupuestaria, mayor ahorro y pago de deudas. El problema es que se está ignorando un punto decisivo. El capital extranjero no se retrae únicamente por el tamaño de la deuda, sino por la percepción de corrupción, por el avance de prácticas autoritarias y por el riesgo de expropiaciones o intervenciones estatales arbitrarias. Ejemplos de ello son la intervención de fincas en Isla Margarita, la unificación del Seguro Social al Ministerio de Salud y la actuación de la Contraloría General de la República al impulsar una demanda contra el contrato entre el Estado y Panama Ports Company por los puertos de Cristóbal y Balboa.
Los inversionistas extranjeros evalúan si la normativa que rige la actuación del servicio encargado de proteger las fronteras ha sido vulnerada y politizada para su uso desde el gabinete, particularmente en la contención y el control de manifestantes en las calles de Panamá. También analizan con preocupación las rebajas de pena y los indultos desde la Presidencia, pues transmiten el mensaje de que los robos y los actos violentos serán tolerados, e incluso protegidos, con paso firme.
El llamado milagro macroeconómico, la consolidación fiscal o la promesa de un futuro “chen chen” en los bolsillos chocan frontalmente con la realidad cotidiana si no se enfrenta la corrupción sistémica ni la falta de transparencia que el propio régimen, de manera sostenida, tiende a profundizar. Estos factores suelen ahuyentar a los inversionistas con más fuerza que el nivel de endeudamiento, porque elevan la incertidumbre jurídica y vuelven impredecibles las reglas del juego. La pregunta que deberían responder es: ¿puede considerarse un éxito la consolidación fiscal por sí sola?
La evidencia es clara. Cuando el derrumbe financiero global sacudió a la economía mundial entre 2007 y 2008, el debate público se concentró en identificar culpables, excesos y fallas regulatorias. Menos atención recibió una pregunta decisiva: por qué el sistema que produjo la mayor crisis desde 1929 logró sobrevivir. No hubo una nueva Gran Depresión, pese a que el colapso del crédito, la quiebra de grandes instituciones financieras y el desplome del empleo parecían conducir a ese desenlace. La respuesta no se encuentra en una súbita corrección moral del capitalismo financiero, sino en una reacción fiscal y monetaria sin precedentes.
La diferencia central entre la crisis de 2008 y la de 1929 fue la velocidad y magnitud de la intervención pública. Los bancos centrales actuaron con agresividad, inyectando liquidez de forma casi ilimitada y asumiendo su rol de prestamistas de última instancia a escala global. Al mismo tiempo, los gobiernos incurrieron en déficits fiscales masivos, tanto por decisiones deliberadas como por el funcionamiento automático de los presupuestos en recesión. Esa combinación impidió que el colapso financiero se transformara en una depresión prolongada.
La Reserva Federal contuvo la crisis de liquidez mediante recortes de tasas, provisión directa de financiamiento y políticas no convencionales como la expansión cuantitativa. Extendió su red de protección más allá de sus fronteras mediante líneas de liquidez con otros bancos centrales. El mensaje fue claro: no habría límites para sostener al sistema financiero. Sin esa intervención, la implosión de Lehman Brothers habría desencadenado una reacción en cadena imposible de detener.
La política fiscal completó el cuadro. Cuando el desempleo se disparó y la demanda privada colapsó, el Estado absorbió el golpe. El plan de estímulo aprobado en 2009 buscó frenar la caída de la actividad mediante gasto público, transferencias y alivios fiscales. Sin embargo, el efecto decisivo no provino únicamente de esa legislación, sino de los llamados estabilizadores automáticos. Al caer los ingresos privados, aumentó el gasto social y se redujo la recaudación, ampliando el déficit sin necesidad de nuevas leyes.
Este mecanismo fue clave. Como explicó Paul Krugman, los déficits no fueron el problema, sino la solución. Permitieron que el sector privado, sobreendeudado tras años de expansión crediticia, pudiera desapalancarse sin hundir completamente la economía. Allí donde el gasto privado se contrajo, el gasto público ocupó su lugar. La producción cayó, pero no colapsó. El empleo se destruyó, pero no de forma irreversible.
La paradoja es evidente. El mismo instrumento que evitó la catástrofe fue rápidamente demonizado una vez pasado el pánico inicial. Apenas la economía dejó de caer en picada, las élites financieras regresaron al viejo dogma del equilibrio presupuestario, como si los déficits hubieran sido una anomalía y no la condición de posibilidad de la recuperación.
El retorno apresurado del gobierno del paso firme a la austeridad revela una incomprensión profunda del funcionamiento de una economía moderna. Los déficits públicos no existen en el imaginario de Bob Esponja; son el reflejo contable de los superávits de otros sectores. Cuando hogares y empresas deciden gastar menos de lo que ingresan, alguien debe gastar más para evitar una contracción generalizada. Ese alguien es el Estado panameño. Negarse a aceptar esta realidad no elimina el desequilibrio, solo lo traslada al terreno de la baja producción y el desempleo.
Desde el enfoque de los equilibrios financieros sectoriales, la lógica es inexorable. El déficit del sector público es el superávit del sector privado. El pasivo del Estado es el activo de los ciudadanos. Reducir el déficit cuando el sector privado busca ahorrar más equivale a retirar ingresos de una economía ya debilitada. El resultado no es disciplina, sino el estancamiento que viven los panameños en la calle.
La experiencia europea posterior a la crisis es una advertencia elocuente. Los gobiernos que priorizaron el ajuste fiscal mediante recortes y aumentos de impuestos lograron exactamente lo contrario de lo prometido. El crecimiento se desaceleró, el desempleo se mantuvo elevado y la relación deuda-producto empeoró. La obsesión por el equilibrio presupuestario terminó agravando los desequilibrios reales.
Panamá parece decidida a repetir ese error. En nombre de la responsabilidad fiscal, el gobierno promueve recortes al gasto social y al empleo público mientras evita enfrentar el problema central de su estructura tributaria. Ningún país puede sostenerse si quienes concentran poder económico y cercanía política quedan al margen del esfuerzo fiscal. La austeridad aplicada a los sectores medios y bajos, combinada con indulgencia hacia los afines al poder, no es una política económica: es una receta para profundizar la desigualdad.
El problema no es solo macroeconómico, sino institucional. Sin reformas anticorrupción profundas, sin una fiscalía independiente y sin protección efectiva a los denunciantes, cualquier ajuste será percibido como arbitrario. La confianza no se recupera recortando salarios ni reduciendo servicios, sino demostrando que la ley se aplica sin excepciones.
John Maynard Keynes lo advirtió hace casi un siglo. El capitalismo falla cuando no logra pleno empleo y cuando distribuye la riqueza de forma arbitraria. Panamá ya es uno de los países más desiguales del mundo. Persistir en políticas de austeridad mal dirigidas no hará sino consolidar ese rasgo. La evidencia empírica es clara: las economías que invierten en educación, salud, infraestructura y tecnología son las que sostienen el crecimiento a largo plazo.
La consolidación fiscal del paso firme no responde a una ideología política clara: no es el Estado gendarme que protege la propiedad privada ni el Estado de bienestar dedicado a la redistribución de la riqueza. Es un Estado niñera, gobernado contramayoritariamente, orientado a la satisfacción de la banca bursátil y a una vigilancia complaciente de la microeconomía. Evaluar las políticas públicas solo desde la óptica contable es un error de corto plazo. Los presupuestos no son un fin en sí mismos, sino una herramienta. Cuando se usan con ambición, amortiguan crisis y expanden oportunidades; cuando se usan como corsé ideológico, ahogan la economía real para beneficiar a la economía financiarizada.
Panamá necesita más que ajustes fiscales. Necesita restaurar la confianza en sus instituciones y redefinir las prioridades del Estado. De lo contrario, el desapalancamiento forzado puede transformarse en un círculo vicioso de estancamiento, desigualdad y fuga de talento. La historia reciente ya demostró que los déficits pueden salvar economías. Lo que aún no se ha aprendido es que la austeridad mal entendida puede destruirlas.
La primera austeridad que debió implementar el gobierno del paso firme fue eliminar el clientelismo, las compras de insumos quirúrgicos con sobrecostos y las contrataciones directas y opacas. ¿Cuántos panameños más deberán caer en la lista Clinton para que el gobierno entienda que sus discursos no son consonantes con su actuar?
El autor es médico sub especialista.
