La ciudad de Panamá ha llegado a un punto de saturación evidente. Su crecimiento urbano, lejos de responder a una visión ordenada y responsable, ha seguido una inercia que privilegia la rentabilidad sobre el bienestar colectivo. El resultado es una ciudad empujada hacia un límite cada vez más difícil, si no imposible, de revertir.
Los efectos de este crecimiento mal gestionado ya no admiten discusión. Calles colapsadas a cualquier hora, redes de agua y alcantarillado que operan al límite, barrios donde el espacio público se reduce y la calidad de vida se deteriora de manera visible. Lo más preocupante es que, pese a estas señales inequívocas, desde el Municipio se insiste en repetir los mismos errores, ahora bajo el argumento de que todo puede compensarse con un pago.
En los últimos meses, la Dirección de Planificación Urbana (DPU) ha sostenido que el Acuerdo No. 119 de 2015 le permite autorizar mayores densidades o incrementos edificatorios mediante el cobro de una contribución. Sin embargo, esta interpretación tergiversa el alcance del Acuerdo. Dicho instrumento fue concebido para un propósito distinto: regular la contribución por mejoras únicamente cuando existe una obra pública concreta que genera un beneficio real y verificable en un entorno determinado. Su lógica es clara: primero la obra, luego el beneficio, y solo después el cobro.
Lo que hoy se presenta es una práctica que permitiría densidades superiores a las establecidas. Pretenden hacernos creer que el pago resolverá impactos que ya conocemos bien: más tráfico en vías saturadas, mayor presión sobre servicios públicos que funcionan al límite, menos espacio público y mayor pérdida de calidad de vida. Estos problemas no son hipotéticos ni futuros; están a la vista y forman parte de la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos.
Barrios céntricos y consolidados han llegado a un punto crítico, agravando una situación ya frágil. Sin embargo, en lugar de reconocer esos límites y aprender de lo ocurrido, se insiste en seguir densificando los mismos sectores, porque son atractivos, porque ya tienen valor y porque resulta más fácil intervenir donde la ciudad ya existe, aun cuando eso implique deteriorarla.
Esta forma de actuar ignora una lección básica del urbanismo: la ciudad no puede crecer indefinidamente en los mismos lugares sin consecuencias. Cuando se sobrepasan ciertos umbrales, el deterioro se vuelve inevitable y, muchas veces, irreversible. Persistir en ese camino no es falta de información; es una negativa consciente a corregir el rumbo.
La Ley 6 de 2006 fue concebida precisamente para evitar este tipo de decisiones. Establece que los cambios estructurales deben realizarse mediante planes, pensados para el mediano y largo plazo: planes que permitan anticipar el crecimiento futuro, identificar nuevas áreas de desarrollo, reforzar la infraestructura necesaria y proteger aquellos barrios que ya han alcanzado el límite de su capacidad.
En contraste, autorizar cambios proyecto por proyecto fragmenta la ciudad y evade la discusión de fondo: dónde debe crecer Panamá y dónde ya no puede hacerlo. Sin esa reflexión, la ciudad se deteriora lentamente, decisión tras decisión, sin que nadie asuma el impacto acumulado.
La Compensación Urbana no puede ni debe sustituir ni justificar la alteración de la planificación establecida en los planes. Ningún pago compensa la pérdida de calidad urbana cuando el crecimiento no va acompañado de infraestructura adecuada, espacio público suficiente y una visión clara de ciudad.
Resulta especialmente preocupante que sean las propias autoridades, llamadas a hacer cumplir los planes y a defender la calidad de vida ciudadana, las que hoy empujan a la ciudad hacia este conflicto.
Panamá necesita con urgencia una mirada distinta: reconocer los errores visibles, detener la sobrecarga de barrios que ya han dado todo lo que podían dar y planificar el crecimiento futuro con responsabilidad. Persistir en las mismas fórmulas no es modernizar la ciudad.
Una ciudad que ignora sus propios límites no progresa: se degrada, lentamente, hasta que ya no hay pago que repare el daño.
La autora es arquitecta.
