Panamá enfrenta un momento de frustración e indignación ante el irresponsable comportamiento de los órganos del Estado, cada uno más indiferente y obstinado que el otro. La nación entera es rehén de la miopía, el egoísmo y del vacío moral de los poderes públicos.
La mayoría de los diputados ha demostrado un irrespeto olímpico por los protocolos legales: desmantelaron la Comisión de Credenciales y paralizaron el traslado de partidas presupuestarias, necesarias para cumplir con tareas fundamentales del Gobierno. Y le han dado la espalda al clamor popular de justicia. Iniciativas como la “muerte civil” y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no han sido ventiladas por un pleno legislativo más entretenido en trivialidades y con sus propias agendas, que dedicado a atender el bienestar general. La presidenta de la Asamblea Nacional reitera con sus actuaciones que no tiene el menor interés en que los panameños sepamos la verdad del uso irregular de fondos que han hecho los diputados. Sus maniobras buscan desmantelar la Ley de Transparencia y evitar cualquier atisbo en su obligación de rendir cuentas.
En el Órgano Judicial la situación no es distinta. Los fallos erráticos de los magistrados dan al traste con investigaciones que han tomado meses o años en llevarse a cabo. En la mayoría de los casos, ignoran deliberadamente la celeridad necesaria para lograr la paz social ante el desasosiego que provocan los casos de alto perfil. Sus fallos nos hacen ver que no existe certeza de castigo para aquellos que saquearon los fondos del Estado.
Por su parte, el poder ejecutivo persiste en la negativa de reconocer que hay problemas institucionales que deben ser confrontados. Es irresponsable insistir en cortar cintas y con una mentalidad de que a toda necesidad social una obra de concreto la puede resolver. El presidente de la República debe liderar la nave del Estado hasta el 30 de junio de 2019, sin titubeos ni indiferencias. Sin embargo, en medio de esta crisis institucional, ha optado por viajar, como si quisiera evitar encarar el problema. Las promesas de transparencia y de combate a la corrupción –que fueron su plataforma electoral en la campaña presidencial de 2014– todavía pueden ser honradas ante los ciudadanos que esperábamos acciones contundentes para fortalecer el Estado de derecho.
Una institucionalidad resquebrajada es una amenaza para la democracia, por lo que corresponde actuar. Esto empieza por renunciar a los intereses personales y partidistas. De lo contrario, solo nos quedará vivir como despojos del gran pueblo que pudimos ser y de la gran nación a la que renunciamos solo para destruirnos.
