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El actual proceso electoral enfrenta un panorama lleno de controversias legales y administrativas. A la fecha hay 133 denuncias por violaciones a la veda electoral, que se suman a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra diversos artículos del Código Electoral, que según se alega favorecen a los partidos políticos en detrimento de los aspirantes por la libre postulación. Por primera vez desde 1990, el marco jurídico de nuestras elecciones generales es incierto, porque mucho pudiera cambiar de acuerdo con las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia. Aunque históricamente tanto la Corte como el Tribunal Electoral han estado alineados en cuanto al espíritu de la norma electoral, esta vez podría haber serias discrepancias. Los actores políticos, las autoridades electorales y la sociedad civil deben comportarse con sensatez y moderación ante estos posibles cambios, los cuales impactarían tardíamente las reglas del juego electoral. Es preferible que la sociedad panameña proceda con madurez para prevenir a tiempo que nuestro sistema electoral se envicie, y con esto se envenene nuestra democracia.