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Los sobrevivientes de la intoxicación masiva con el dietilenglicol y los familiares de los fallecidos por este envenenamiento siguen enfrentando barreras burocráticas que parecen infranqueables. Tras este cúmulo de injusticia, el procurador de la Administración les hizo saber formalmente al ministro de Salud, al director general de la Caja de Seguro Social, y al ministro de Economía y Finanzas, que el incumplimiento del Estado a estos panameños debía ser corregido. En semanas recientes la justicia penal ha mostrado su flaqueza y debilidad frente a los acusados por el envenenamiento masivo. Es, sin embargo, en materia de los servicios de salud, las terapias, exámenes periódicos e indemnizaciones, que las agencias gubernamentales se han pasado la responsabilidad de cumplir con sus tareas. He aquí la más importante lección de la irresponsabilidad en el manejo de los servicios públicos: las consecuencias las pagan personas inocentes. No hay derecho para tanta indiferencia. ¡Basta ya!