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Después de casi un siglo de prohibición de los narcóticos, cuyo combate se intensificó con una lucha encabezada en los últimos 30 años, vale la pena cuestionar la eficacia de esos esfuerzos. En el tema del narcotráfico, no hay respuestas fáciles, ya que este lucrativo negocio ha penetrado importantes sectores de todas las sociedades. En el caso de los consumidores regulares y usuarios casuales, las herramientas establecidas por la ley penal no han sido muy eficaces para disuadir el creciente abuso de drogas lícitas e ilícitas en nuestro país. Las consecuencias de vidas arruinadas, carreras truncadas, familias destruidas, violencia y delincuencia organizada están a la vista. Cada año Panamá asigna más recursos para la interdicción del tráfico de drogas en nuestros mares y nuestras principales terminales aéreas, a su vez, más fondos y personal son asignados para custodiar a los detenidos por estos delitos y reprimir las luchas territoriales de las bandas delincuenciales presentes en el país. Parece que insistir en las mismas tácticas no cambiará los resultados. Quizás sea tiempo de abrir este debate.

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