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El Estado tiene que ser previsor en la contratación de fuentes de energía a fin de garantizar su suministro. Tiene que asegurar la competencia en las licitaciones para lograr condiciones óptimas para el consumidor. Y debe velar porque se respeten los términos de estas. Lograrlo no es fácil. Las inversiones en el sector energético son de tal envergadura que quienes entran al negocio son actores económicamente poderosos. Si el funcionario que actúa en representación del Estado se doblega a presiones, sea por corrupto o negligente, el consumidor final queda desprotegido, como podría haber sido el caso en 2013, cuando un solo postulante se hizo con el contrato de mayor envergadura y tiempo en la historia de Panamá. De allí la importancia de que la ciudadanía se informe y pida cuentas. Es un hecho que, además de esa corrupción burda que es pan de cada día en Panamá, hay otra. Es una versión sofisticada que se da cuando quienes emprenden un proyecto, en lugar de tomar riesgos e innovar, trafican influencias para poner las reglas a su favor. De este modo se aseguran rentas millonarias que pagará, dólar a dólar, mes a mes, el empobrecido ciudadano.