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La Asamblea Nacional sigue dilatando las investigaciones sobre el uso que le dio a las donaciones y subsidios que entregó en años recientes, que suman decenas de millones de dólares. Los diputados, que dicen representar al pueblo, se niegan a dar explicaciones sobre el dinero que se les confió. ¿Qué puede uno esperar de una conducta que a todas luces es sospechosa? Juran que nada malo han hecho, pero se niegan a que se corrobore su palabra. Y, por si no lo saben, es conveniente que los diputados sepan lo que ya deben haber adivinado hace tiempo: pocos confían en lo que dicen. Pero ellos no son los únicos que carecen de credibilidad. La Contraloría no está jugando su papel, porque si bien ordenó una auditoría, lo cierto es que después de más de ocho meses, nada se sabe de esta, pese a estar lista desde hace semanas la relativa a las donaciones. Y ni hablar del equipo que elaboró el informe, que no era de auditoría forense, que es el requerido para una investigación de este tipo, en la que hay claros indicios de desviación de fondos. Los diputados, por más títulos de honorables que reclamen, no están por encima de la ley, pero hay quienes creen que sí.

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