Un Estado moderno no puede permitirse que sus funcionarios nombren a sus parientes en las entidades a su cargo, en detrimento de otros ciudadanos igual o mejor capacitados. Esta malsana práctica no es nueva, pero —como queda evidenciado en las investigaciones que adelanta la Antai— persiste como un cáncer entre la cada vez más abultada y costosa planilla estatal, en abierto desafío a las normas que se han creado para combatirla. No es cierto, como decía una expresidenta, que el nepotismo “no es pecado”. No solo es una violación al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, sino que además es la semilla para males peores, como la corrupción, el tráfico de influencias y el clientelismo. Ya es hora de que entiendan que el poder concedido temporalmente a través de las urnas no
les otorga el derecho a solucionar el desempleo familiar.
