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Hace más de ocho meses, un equipo de auditores de la Contraloría General de la República se instaló en la Asamblea Nacional con la finalidad de analizar los documentos, expedientes y pagos hechos en concepto de donaciones y de contratos por servicios profesionales durante las administraciones de los diputados Adolfo Valderrama y Rubén De León. Los montos en cuestión son multimillonarios: $14 millones en donaciones y $68 millones en contratos de servicios profesionales. Estas revelaciones conmovieron los cimientos de nuestra sociedad, pero parece que el silencio de los tiempos burocráticos puede convertirse en un blindaje para la impunidad. La organización Juntos Decidimos le solicitó al contralor general que informe los avances y hallazgos del grupo de auditores. El sigilo del trabajo de la Contraloría es preocupante. La ciudadanía necesita conocer la verdad para exigir una rendición de cuentas de los diputados que, presuntamente, se aprovecharon de los recursos del Estado. No investigar a cabalidad es una forma de complicidad.