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Desde su reversión a Panamá, hemos visto cómo la clase política se empeña en denigrar la institucionalidad del Canal de Panamá. El Ministerio Público ha solicitado a la Interpol una alerta roja, nada menos que para localizar y detener a dos miembros de la actual junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Se les investiga por blanqueo de capitales, uno de los delitos más serios que existe en nuestro Código Penal. Como consecuencia de su ausencia, llevan meses sin cumplir las funciones para las cuales fueron nombrados y en vez de poner sus cargos a disposición del Ejecutivo mientras son procesados, lo que hacen es escudarse en la posición para evadir la ley. Y no es la primera vez que se da esta situación en el actual gobierno. El ministro del Canal y el resto de la junta directiva de la Autoridad del Canal tienen la grave responsabilidad de velar para que la vía funcione adecuadamente y mantener la moral de su fuerza laboral. Mientras tanto, el Presidente de la República debería separar a estos fugitivos de sus cargos para enviar un mensaje alto y claro: no se puede manchar la imagen y reputación de nuestro activo más valioso.