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La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional tiene ocho denuncias sin atender, interpuestas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En estos libelos se menciona al magistrado Harry Díaz seis veces, al magistrado José Ayú Prado en dos ocasiones, y a los magistrados Hernán De León una vez y Luis Ramón Fábrega dos veces. Como si el tema de la justicia no fuera prioritario, los diputados llevan más de un año manteniendo la mayoría de estas denuncias en el congelador, como si quisieran tener fundamento para hacer alguna negociación de blindaje o impunidad que los proteja. Esta situación le da una enorme incertidumbre a la administración de justicia, a la vez que la somete a los vaivenes de la política criolla, y la expone a extorsiones y transacciones inmencionables. Es justo reformar los procedimientos mediante los cuales los diputados investigan y procesan a los magistrados, para quitarles la arbitrariedad y la incertidumbre con las que se manejan estos asuntos de Estado. La llamada prueba idónea es un escudo a la impunidad, que carcome a todo el Estado de derecho.