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Las auditorías de la Contraloría General de la República a los contratos de alquiler de tierras pertenecientes a la Universidad de Panamá (UP) están confirmando una a una las revelaciones que hizo este medio, en torno a posibles lesiones multimillonarias en contra del patrimonio de esta alta casa de estudios. Aunque los cálculos de los auditores son conservadores, estos dejan ver la magnitud de actos administrativos que, si no se hubiesen revelado, se habrían perpetrado a lo largo de décadas en perjuicio de la UP. La pasada administración, que lideró Gustavo García de Paredes, tiene mucho que explicar, pues nada justifica el menoscabo patrimonial en una entidad educativa que sufre grandes carencias, pese a que es la más importante universidad del país. Estas auditorías son apenas un punto de partida en una investigación que debe llegar al fondo y, en especial, renegociar estos contratos que son un gran negocio para los arrendatarios, mientras la Universidad de Panamá carga con la peor parte.