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La búsqueda por mejorar la salud física y la apariencia estética suele llevar a las personas a callejones sin salida. Los vacíos legales y la falta de supervisión de las autoridades han facilitado que se ofrezcan productos, tratamientos y hasta cirugías, sin estar adecuadamente certificados. El número de pacientes en los hospitales públicos que han requerido atención como resultado de la mala praxis por parte de personas no idóneas ha ido en aumento. A esto se une la desdicha de quienes se han operado en el extranjero, sufren complicaciones a su regreso al país y no son debidamente atendidos por las clínicas locales, dejando secuelas imborrables a pacientes y familiares. Urge que los vacíos jurídicos en la materia sean subsanados y que el Ministerio de Salud ejerza enérgicamente su potestad supervisora para enfrentar los timos y abusos que un mercado inescrupuloso es capaz de ofrecer. Basta ya de convertirnos en carnada fácil de dudosos profesionales. Las decisiones en temas de salud deben tomarse luego de una detallada evaluación de los riesgos. Puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

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