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Las tareas de la Corte Suprema de Justicia son múltiples y muy complejas, requiriendo la máxima dedicación de los miembros de este tribunal. La mora judicial que tanto el pleno como cada una de las cuatro salas arrastran, le pasa una factura al Estado de derecho y a cada panameño. El caso de las fincas ofrecidas como fianzas excarcelatorias es solo un síntoma de la ausencia de controles, la desidia, la indiferencia y quizás hasta la corrupción que existe dentro de los estrados y despachos del Órgano Judicial. Si la Ley de Carrera Judicial estuviera implementada, todos los jueces serían titulares de sus cargos y sus actuaciones serían vigiladas por un tribunal disciplinario. Actualmente no existe voluntad de ponerlo en funcionamiento y se usa como una excusa fácil la falta de presupuesto. Estas razones deberían ser suficientes para entender que la actual Corte Suprema perdió su apellido, y que su presidente no merece ni el cargo ni la magistratura. ¿Cómo olvidar su comportamiento como procurador general en los tiempos de su benefactor? Por todo esto que se conoce públicamente, y lo que ignoramos, la reelección es un absurdo y otra afrenta al país.