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La Corte Suprema de Justicia volvió a dictaminar, por razones banales, otra nueva versión de su vieja dolencia llamada impunidad, al rechazar dos querellas interpuestas por las declaraciones públicas que realizó el magistrado Harry Díaz, en las que confirmaba la intromisión del expresidente Ricardo Martinelli en la propia Corte Suprema. Por otro lado, un juez de circuito penal le ordenó al fiscal que conoce del caso de Adolfo Chichi De Obarrio, que remitiera todo el expediente, paralizando la investigación de un imputado que se fue del país hace varios años. De los 17 jueces de circuito penal que conocerán los casos de alto perfil, solo 5 tienen permanencia en sus cargos. Este es el estado de la justicia y la raíz de todos nuestros males. Al no existir certeza de castigo de los peores crímenes cometidos por los políticos de este país, quedamos con una democracia envenenada y un Estado de derecho reducido a maletines, llamadas telefónicas, intereses creados y muchas lealtades perversas. No es raro que los otros poderes del Estado irrespeten la Constitución y la ley si, precisamente, el Órgano Judicial, que debería dar el ejemplo de defensa de la legalidad, es el primero en vulnerarla.