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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tiene por Constitución un presupuesto propio, producto del peaje que se le cobra a la marina mercante internacional y otros ingresos por sus actividades. Según la carta magna, el presupuesto de la ACP es aprobado por su junta directiva, luego por el Consejo de Gabinete y, finalmente, por la Asamblea Nacional, que solo lo puede rechazar o aprobar. Por eso, sorprende tristemente que el pasado lunes los diputados hayan aprobado una modificación para que el Canal le diera 141 millones más al Estado en concepto de aportes. ¿No entienden lo grave de esto? Lo que han hecho los diputados es violar la Constitución. No se trata de “romper paradigmas”, como alegó el diputado Luis Barría, proponente de la modificación, y es absurdo pensar que porque lo cambiaron, “la democracia está funcionando”. ¿Acaso él y sus colegas no pueden prever que si el presupuesto de la ACP es aprobado tal y como está le lloverán demandas de inconstitucionalidad? Y no pueden alegar ignorancia sobre lo que dicta la carta magna, de manera que lo que han hecho no es más que pisotear lo que juraron cumplir y proteger y, de paso, perjudicar nuestro mayor activo.