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Con la reversión del Canal a manos panameñas y la privatización de los puertos terminales de esa vía interoceánica, nuestro país inició un proceso de desarrollo marítimo y logístico sin precedentes. Sin embargo, a pesar de que prácticamente todos los años el complejo portuario panameño alcanza nuevas marcas en cantidad de contenedores manejados, el Estado ha sido un perdedor. Después de 20 años de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, el tesoro público solo ha recibido un millón de dólares en utilidades. Eso convierte los puertos en la empresa menos rentable de las que el Estado panameño es socio. La historia de esa concesión ha sido controvertida, ya que recibió una inmerecida equiparación, y la empresa operadora ha sido uno de los actores que ha bloqueado el desarrollo portuario en Corozal. La concesión se vence en el año 2022, y se puede renovar por 25 años más si el Estado considera que el operador portuario ha sido un buen socio para Panamá. A esta fecha, ese no ha sido el caso, y el Gobierno está en la obligación de empezar a buscar otros operadores. Ninguna empresa es exitosa si uno de los socios pierde siempre.