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La actividad de las apuestas de casinos privados es legal y está regulada en Panamá. Los cambios más recientes en la práctica bancaria han obligado a que estas empresas deban utilizar exclusivamente al Banco Nacional de Panamá (BNP) como su agente para todas las transacciones bancarias. Además, los casinos deben remitir su efectivo a una sola sucursal del BNP, creando riesgos a la seguridad pública y falta de eficiencia en la recolección de impuestos. Después de dos décadas de legalización de los juegos de azar privados, el país debería evaluar si el costo social de esta actividad en ludopatía, prostitución y adicción al alcohol y las drogas, ha producido beneficios turísticos significativos para nuestra nación. Si la dirección de las políticas públicas que se quieren tomar está orientada hacia una reducción drástica de los juegos de azar, lo más conveniente es que así se exponga públicamente. Si, por el contrario, el Gobierno aspira a mantener los empleos e ingresos que generan los juegos de azar, las decisiones de las autoridades y del sector privado no se pueden dejar a la suerte.