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La Ley 9 del 26 de febrero de 1997 otorgó un generoso contrato para una explotación minera en Donoso, Colón. Después de 20 años de vigencia, y con la experiencia de las minas abandonadas de Petaquilla y Santa Rosa, el gobierno actual prolongó por 20 años más, hasta el 28 de febrero de 2037, esta concesión. Desde 2009, el Centro de Incidencia Ambiental demandó la inconstitucionalidad de dicho contrato, y ocho años después aún la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado. Al parecer, al Órgano Judicial no le incomoda esta mora, y al Ejecutivo no le preocupa el resultado. En el contrato, la regalía en favor del Estado panameño es siete veces menor que la que se paga en Chile. A pesar de que las mineras en muchas ocasiones caen en la insolvencia y abandonan sus proyectos, no se exigió un plan de cierre, ni una fianza de garantía adecuada para proteger al Estado y al ambiente. Los próximos cuatro gobiernos deberán lidiar con las consecuencias de esta reprochable decisión. Con esta acción, al Gobierno se le salió el cobre, y nos condenó a un futuro de gran incertidumbre ambiental.