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La reacción de los funcionarios electos que han rotulado con sus nombres bienes públicos ha sido predominantemente cínica: un compendio de excusas banales que incluyen desde la ignorancia supina de las prohibiciones legales, hasta el reclamo de que todos los demás lo hacen, y por lo tanto, mal de muchos, significa corrupción aceptada. La ciudadanía se ha percatado de que nuestros representantes, diputados y alcaldes, tienen niveles de privilegios y prerrogativas que rayan en lo absurdo. A estos políticos, de todas las banderías, se les ha descubierto en años recientes partidas circuitales fantasmas, donaciones disfrazadas, planillas de ‘botellas’ y ‘garrafones’, de los cuales recolectan suculentos beneficios. Si fuera una obra de la dramaturgia clásica, se diría que se trata de semidioses, seres inmortales condenados a vivir entre los hombres y mujeres comunes. La triste realidad es que aquellos que deben dar el ejemplo son precisamente los más parásitos e impunes de todas las criaturas. Queda clara la lección, pueblo panameño, para 2019 cada ciudadano tiene cómo corregir todo esto. Y no permitir que vuelvan al Legislativo estos infames villanos.