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La nueva presidenta de la Asamblea Nacional anunció en el día de ayer que cumplirá con una decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional las donaciones que hacen los diputados. En un Estado de derecho fuerte, el compromiso de cumplir con la ley sería redundante para cualquier político. En cambio, en Panamá, es un indicio esperanzador de que los poderes del Estado harán lo que la Constitución y la ley los autoriza. Tanto ha sido el desgreño y la desviación del mandato de los diputados, que a la opinión pública solo le quedaba esperar lo peor de sus representantes electos. La presidenta de la Asamblea debe impulsar una agenda institucional más agresiva contra la corrupción, saneando al Órgano Legislativo de los contratos innecesarios, y estableciendo mecanismos de transparencia para los diputados, que igualen a las prácticas de los países líderes en integridad. Por ejemplo, cada diputado debería hacer una declaración jurada de sus patrimonios y publicarla. Este es el momento para recuperar la legitimidad de una Asamblea terriblemente manchada por la opacidad y la corrupción.