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La Constitución obliga a todos los servidores públicos a que hagan expresamente lo que la Ley les autoriza. El artículo 83 del Código Procesal Penal compele a todo funcionario que conozca de la supuesta comisión de un delito, que lo denuncie ante las autoridades competentes. Existe una razón importante para que una institución gubernamental interponga una querella cuando se ha cometido un peculado: sin este trámite, el Estado no puede recuperar los fondos robados, lo que vulnera los derechos de todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Desde el inicio del actual gobierno, el ministro de Obras Públicas se ha resistido a ordenar las auditorías de los proyectos sospechosos, sobre todo los de la constructora Odebrecht, y además se ha negado a denunciar contratación alguna realizada por ese ministerio. Pareciera que el ministro Ramón Arosemena entendiera que sus labores se reducen únicamente a realizar licitaciones públicas, olvidando que la primera tarea de todos los funcionarios es defender el patrimonio del Estado. A estas alturas, la falta de acción en este sentido solo se puede interpretar como desidia o, peor aún, como complicidad.