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La actual administración está en deuda con la sociedad panameña, hastiada de ver tanta corrupción, que en muchos casos calla. Pero lo ocurrido con Odebrecht, no solo en Brasil, sino en países de América Latina –incluido Panamá–, ha debido servir a los políticos a cargo de la cosa pública para promover reformas, y no cosméticas, cambios de fondo que impidan la sinvergüenzura. Es por ello que la Ley de Contrataciones Públicas debe ser reformada, a fin de que los contratistas que participan en concursos de precios y licitaciones públicas cumplan; que terminen los proyectos; que el uso de la fianza de cumplimiento no sea la excusa para abandonar obras que el Estado necesita. Ahí está el caso de Transcaribe Trading (TCT), que incumplió el contrato de la vía Arraiján-La Chorrera y ahora el Ministerio de Obras Públicas se ve obligado a ejecutar la fianza, obra que se sospecha, además, tiene sobrecostos. Lo peor de todo es que, sin importar lo mal que ha quedado, sigue participando en licitaciones con el Estado, y los funcionarios, sin mayores recursos para impedir su participación, tienen que adjudicarle proyectos porque la Ley de Contrataciones Públicas no lo impide. ¿Por qué no se penaliza a estas empresas? ¿Por qué se les permite presentar propuestas, si de antemano conocemos sus malos antecedentes? ¿Por qué el Gobierno cierra los ojos ante tanta impunidad? Solo la tolerancia a la corrupción explica esta enorme deuda que tiene el Gobierno con sus gobernados.