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A final de este año, concluyen los términos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Aunque la Constitución Política establece el principio de designación presidencial sin delimitar criterio alguno, la sociedad civil y la opinión pública han venido exigiendo mayor transparencia y consulta en la selección y designación de los nuevos magistrados. La experiencia del año 2015 fue aleccionadora. El Pacto de Estado por la Justicia y un grupo de organizaciones de la sociedad civil entrevistaron y estudiaron a los candidatos que el poder ejecutivo había preseleccionado; sin embargo, al final la selección realizada fue de dos profesionales del derecho muy allegados al Órgano Ejecutivo. Su primera decisión fue elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado José Ayú Prado, provocando con esta acción el desencanto y desilusión de la sociedad panameña. Existe el tiempo suficiente y la voluntad de la sociedad civil y el Pacto de Estado por la Justicia para encontrar magistrados probos. El momento es oportuno para que el presidente demuestre su compromiso por un mejor Estado de derecho. Este será su legado más perdurable.