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Venezuela enfrenta un dilema existencial ante el concierto de naciones de nuestro hemisferio. Dentro de la lógica de un Estado de derecho, con sus virtudes y defectos, la gran mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) cumple con sus propias normas constitucionales. Venezuela es la gran excepción. A cada ilegalidad que comete el régimen de Maduro se suman los muertos en las calles, tanto por la violencia política como por la inseguridad ciudadana. Caracas es hoy la capital de un Estado incapaz de proteger a su población o de garantizar su alimentación, salud o trabajo productivo. En otras palabras, Venezuela se acerca cada vez más a convertirse en un Estado fallido. Ante la imposibilidad y desinterés del gobierno del hermano país de resolver su crisis por la vía pacífica e institucional, la comunidad internacional le ha ofrecido distintas opciones, todas ellas rechazadas por el presidente Nicolás Maduro. Las actuaciones de la OEA son la mejor vía para que Venezuela, de una vez por todas, salga del abismo. El tiempo está en contra de la tiranía de Miraflores, y eso lo sabe el mundo.

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