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La Asamblea Nacional, cuyos diputados los elige el pueblo, se niega a escuchar la voz de sus electores. Pese a que se ha descubierto el inmoral negociado que mantienen con las donaciones y contratos de trabajo temporal, ahora a su desvergüenza se suma el inconcebible monto para sus campañas, como si el costo de estas fuera el mismo en una comarca que en la ciudad. Todos recibirían igual trato. Eso es absurdo. Y en vez de la inhabilitación cuando hagan trampas en las elecciones, propician la impugnación. O sea, quieren garantizarse el puesto, cuando todos fuimos testigos del escándalo aquel en el que dilapidaron más de 400 millones de dólares en acciones reeleccionistas. Ellos no legislan para corregir, hacen leyes a su medida, para garantizarse el negocio, en la más absoluta impunidad. Luego se quejan de la crítica, cuando los ofendidos somos nosotros: el pueblo.