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Una denuncia penal interpuesta en contra de los tres magistrados que componen la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pone en evidencia las intenciones que han tenido los máximos regentes del poder judicial, al rehusarse a cumplir con la ley que habría implementado la carrera judicial en el Primer Distrito Judicial de la República. Esto ha significado en la práctica que centenares de funcionarios, incluyendo jueces, están a merced del magistrado presidente de la CSJ. La denuncia presentada ante la Asamblea Nacional demuestra que existían los recursos para poner en marcha los mecanismos que garantizarían la independencia y autonomía de los funcionarios encargados de aplicar el sistema penal acusatorio. La acción penal de los ciudadanos desenmascara al poder. Ahora se requiere que los diputados demuestren madurez y se atrevan a legarnos un sistema judicial eficiente y funcional a la altura de los desafíos que enfrenta el país. Es tiempo de que se rompa el nudo gordiano de la impunidad que arrastra nuestra nación. Ha llegado el momento de ser justos con la justicia.