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Durante las dos últimas semanas, la sociedad panameña se ha estremecido al corroborar en notas periodísticas las graves irregularidades que acontecen en la Asamblea Nacional. Mucho se ha especulado sobre el origen de esta investigación, olvidándose que este medio estuvo más de seis meses escudriñando contratos de trabajo y donaciones (que son públicas) y realizando entrevistas cara a cara con testigos. En tanto, políticos y teóricos de elaboradas conspiraciones tratan de explicar el objetivo y las fuentes de información de esta investigación, intentando con ello distraer la atención del problema que dio origen a estos reportajes: la Asamblea maneja fondos con muy escasos controles, que son decenas de millones, cuyos destinos aún ignoramos –aunque no hace falta tanta imaginación para adivinar a dónde van a dar–; que muy pocos diputados escapan de este sistematizado esquema y que ninguno de los que están en esto quiere rendir cuentas sobre un dinero que no es de ellos, sino de todos los que pagamos impuestos. Este caso merece ser investigado, y no solo en la Corte Suprema. También hay funcionarios que no pueden ser indagados por los magistrados.