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El proyecto para construir un puerto en Corozal –del lado del Pacífico– enfrenta escollos legales propiciados, principalmente, por una empresa que paga migajas al Estado por utilizar un área estratégica en la entrada sur del Canal de Panamá. Ha unido esfuerzos en lo que parece una conspiración para evitar a toda costa la construcción de este puerto, solo para mantener su hegemonía en la zona y evitar a toda costa la competencia. ¡Qué vergüenza! Leguleyadas de una compañía que dice ser de clase mundial, pero que se comporta como provinciana, solo para evitar una competencia sana. ¿Cómo es posible que el desarrollo portuario en el Canal lo controle esta empresa o que el Estado esté de manos atadas, secuestrado por acciones legales que le impiden buscar nuevos ingresos para el país. ¿No es, acaso, una ironía haber salido de un enclave del Gobierno norteamericano para quedar en manos de una empresa privada extranjera?