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Como uno de 65 países del mundo, Panamá se sumó en 2012 a la Alianza para el Gobierno Abierto, entre cuyos compromisos está“promover la transparencia, empoderar a la ciudadanía, combatir la corrupción y [para ello] utilizar las nuevas tecnologías”. Más allá de la disposición de sumarse a tan importante iniciativa, el pasado Gobierno no hizo nada significativo para cumplir estas obligaciones, salvo dibujar lo que denominó el primer plan de acción nacional 2013-2014. En esta gestión, las autoridades delinearon el segundo plan de acción 2015-2017 e incluyeron 19 objetivos claros, que han comenzado a ejecutar. A esta estrategia se suma el primer plan de datos abiertos 2017-2018, que está en revisión. En el ranking internacional de datos abiertos, Panamá pasó del puesto 88 que ostentaba en 2014 al 35 entre 125 naciones un año más tarde, lo que demuestra que hay avances y ello debe reconocerse. Pero todavía falta mucho por hacer. La transparencia en el manejo de la cosa pública, el combate a la corrupción y el empoderamiento de la sociedad civil organizada en su labor de fiscalización no son simples enunciados de acuerdos multilaterales. El reto es cumplir con todos estos compromisos ahora. La nación lo reclama hoy.