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Es una realidad lacerante: Panamá, el país que se jacta de estar entre las naciones de la región con mayor ingreso per cápita, no destina suficientes recursos a los niños en riesgo. Precisamente por esos números, que nos muestran una economía en crecimiento mientras en otras partes del mundo casi todo se contrae, las organizaciones que se dedican a apoyar a la niñez -con sólidas razones- empiezan a redireccionar sus contribuciones. Y, en efecto, si se observa el asunto globalmente, no tiene sentido hacer donaciones a una nación que destina anualmente más de mil millones de dólares de su presupuesto a todo tipo de subsidios y ayudas sociales. Paradójicamente es el mismo país que apenas invierte 2.8 millones de dólares anuales para 40 instituciones que atienden a sus menores en riesgo. Es decir, 21 veces el monto (59 millones de dólares) que pagó Odebrecht a funcionarios y particulares panameños en sobornos para garantizarse contratos, y 12 veces la cifra que pretendía gastarse el Gobierno en remodelar el parque Omar (35 millones de dólares). Verdaderamente, estas prioridades representan una vergüenza que todos debemos cargar como una marca de inequidad e injusticia.