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Entre matraqueos y acuerdos de recámaras, las bancadas de los tres principales partidos políticos del país, negocian la clase de justicia a la que tendremos derecho los panameños. Ya el proyecto de ley 245 dejó de ser una herramienta para gestionar el hacinamiento carcelario, y en su lugar convertirse en el instrumento que puede finalmente iniciar la tarea de controlar la gran corrupción pública de esta nación. En las manos de un puñado de diputados está la definición de un Estado de Derecho funcional, o una sociedad carcomida por la impunidad. Por medio del caso Odebrecht se irán descubriendo otras madejas y entramados de sobornos, sobreprecios, tráficos de influencias y blanqueos de capitales. De las decisiones que ustedes, señores diputados, acuerden en los próximos días, se determinará si el Panamá de mañana será similar al que ya tenemos, o si se acerca a aquella patria que la mayoría de los panameños anhelamos y nos merecemos. En sus conciencias está entonces el poder de escoger la opción del país que podemos ser. Panamá no es un botín, ni una cueva de ladrones. No menosprecien a sus ciudadanos.